Concluyeron las campañas de los más de 3,000 candidatos que compiten por ocupar 881 cargos en el Poder Judicial, en una elección sin precedentes programada para el 1 de junio. Por primera vez, los ciudadanos elegirán directamente a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como a integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal Electoral (TEPJF). La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el proceso como un avance democrático, destacando que los funcionarios judiciales ahora «responderán al pueblo» en lugar de ser designados por acuerdos políticos.
Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum hizo un llamado a la participación masiva, rechazando las críticas de que esta elección busca someter al Poder Judicial al control del oficialismo. Sin embargo, la oposición ha cuestionado el proceso, con figuras como los exconsejeros electorales Ciro Murayama y Lorenzo Córdova calificándolo como un retroceso democrático. Incluso el líder del PRI, Alejandro Moreno, anunció que no votará, tachando los comicios de «la farsa más grande» en la historia reciente del país.
La jornada electoral enfrenta un panorama complejo, con encuestas anticipando una baja participación, estimada entre el 5% y el 20%. El INE proyecta un rango similar al de la consulta de revocación de mandato de 2022, cuando solo acudió alrededor del 18% del electorado. Además, el organismo reconoció que la complejidad de las boletas —con múltiples cargos y candidatos poco conocidos— podría dificultar el proceso. Los resultados preliminares se darán a conocer el mismo domingo por la noche, basados en un conteo rápido de 1,644 casillas muestrales.
A la polémica política se suman las advertencias de organismos internacionales y grupos civiles sobre posibles riesgos de injerencia del crimen organizado en los comicios. El contexto de violencia en varias regiones del país, junto con ataques recientes contra funcionarios judiciales, ha generado preocupación sobre la seguridad del proceso y la posible afectación a la independencia de los futuros jueces y magistrados.
Además de los cargos federales, en esta elección también se renovarán los sistemas judiciales locales en 19 estados, sumando un total de 3,422 puestos en disputa. Entre los más destacados están nueve plazas en la SCJN, dos en la Sala Superior del TEPJF y cientos de magistraturas y juzgados. La magnitud del proceso, su novedad y las críticas que lo rodean lo convierten en uno de los ejercicios democráticos más controversiales de los últimos años, cuyo impacto en el sistema judicial aún está por definirse.
Con información de: Forbes.com
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