La relación comercial entre México y Estados Unidos atraviesa un momento delicado debido al creciente conflicto por el agua. El gobierno mexicano ha incumplido con los volúmenes establecidos en el Tratado de Aguas de 1944, lo que ha provocado reacciones negativas por parte de autoridades y sectores políticos estadounidenses. Este acuerdo, vigente desde hace más de ocho décadas, regula el reparto de agua entre ambos países a través del río Bravo y el río Colorado. Sin embargo, ante una sequía prolongada, el crecimiento urbano e industrial, y una infraestructura deficiente, México solo ha entregado el 30% de su cuota correspondiente al actual ciclo quinquenal que termina en octubre de 2025.
La escasez de agua se ha agudizado en la frontera norte de México, impactando especialmente a estados como Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. A finales de marzo, por primera vez en más de 80 años, Estados Unidos rechazó una solicitud mexicana para recibir agua de emergencia del río Colorado destinada a Tijuana. Esta negativa subraya el deterioro de la cooperación bilateral en torno al vital recurso. Según un análisis de Reuters, el tratado fue firmado en un contexto que no contemplaba desafíos actuales como el cambio climático o la intensificación de la producción agroindustrial a lo largo de la frontera, impulsada por el libre comercio.
Ante este panorama, el gobierno mexicano ha anunciado su intención de entregar de inmediato 122,000 acres-pie de agua y otros 81,000 en los próximos meses. Para alcanzar estos volúmenes, podría aplicarse una cláusula controvertida que permite extraer agua adicional de estados productores, lo que pondría en riesgo actividades económicas clave como la ganadería y la agricultura. Los expertos advierten que esta medida podría tener efectos devastadores en la economía rural de las regiones afectadas, generando tensiones internas mientras se intenta cumplir con las obligaciones internacionales.
En el ámbito político estadounidense, varios líderes han endurecido su discurso. Funcionarios como Brooke Rollins y Sid Miller han acusado a México de expandir su agroindustria a costa de los agricultores texanos. Incluso se han propuesto sanciones como método de presión. Ted Cruz, senador por Texas, ha declarado que con Donald Trump de regreso en la presidencia, México se verá obligado a cumplir: “Ignorar el tratado ya no será una opción”.
Pese a este escenario, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que su administración mantiene el diálogo abierto con Estados Unidos para abordar el conflicto. Aunque no se han dado detalles específicos sobre las acciones futuras, el gobierno trabaja en un plan para aumentar las entregas de agua. No obstante, con proyecciones que señalan que el 60% del territorio mexicano enfrentará estrés hídrico severo para 2050, la tensión entre el cumplimiento del tratado y la disponibilidad real del recurso amenaza con convertirse en un problema estructural para el país.
Con información de: Wired.com
