El Congreso de Puebla está a punto de aprobar una reforma al Código Penal que castigará con prisión y multas económicas el ciberacoso, definido como insultos, injurias o agravios repetidos en plataformas digitales que afecten la salud de las víctimas. La iniciativa, presentada en noviembre pasado por el ahora coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, podría ser votada este jueves tras meses en espera. El proyecto también incluye sanciones por robo de identidad y espionaje digital, pero el polémico apartado sobre ciberasedio ha centrado el debate.
Las penas propuestas oscilan entre uno y tres años de prisión, además de multas que van de 5,650 a 28,250 pesos, dependiendo de la gravedad del caso. La ley busca reformar los artículos 217, 479 y 480 del Código Penal local, además de añadir una sección específica sobre Usurpación de Identidad y Fraude Electrónico. García Parra defendió la iniciativa, asegurando que no pretende censurar opiniones, sino proteger a los ciudadanos de la violencia en línea, un vacío legal que, según él, ninguna entidad del país ha regulado hasta ahora.
El resurgimiento del tema coincide con recientes controversias en redes sociales, como los ataques a la secretaria de Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez, tras su participación en un combate de box, y las críticas por el encalado de árboles —una práctica inicialmente prohibida que fue legalizada mediante modificaciones a la Ley de Arbolado. Estos episodios han reavivado la urgencia de la discusión legislativa, según admitieron funcionarios estatales.
Este miércoles, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia analizará la reforma. Si se aprueba, pasará al Pleno para su votación definitiva. Laura Artemisa García Chávez, diputada de Morena y coordinadora de la Junta de Gobierno, confía en que la iniciativa sea avalada esta misma semana, pese a las dudas sobre sus posibles alcances y la delgada línea entre proteger y restringir la libertad de expresión.
Mientras tanto, organizaciones civiles y expertos en derechos digitales alertan sobre los riesgos de aplicar criterios subjetivos para tipificar ofensas en redes. El debate refleja un dilema global: cómo combatir el acoso en línea sin vulnerar las libertades individuales. De aprobarse, Puebla se convertiría en un caso pionero —y polémico— en la regulación del espacio digital en México.
Con información de: e-consulta.com
