2021 es un año que los más de 2 mil 500 sistemas operadores de los servicios de agua potable y alcantarillado del país nunca olvidarán. En febrero, la reforma a la ley eléctrica los puso al borde del colapso, ya que las tarifas se elevarían a tal grado que sería incosteable. Luego, en septiembre, sufrieron dos golpes más: el presupuesto 2022 para el sector no cubriría siquiera la inflación y la publicación de la reforma a la NOM-001-Semarnat que establece los nuevos estándares para el saneamiento de agua en México.
De todas, la Norma Oficial Mexicana —que no había sido reformada desde 1996— suponía el peor escenario, ya que para cumplirla los organismos debían impulsar adecuaciones, reingeniería, rehabilitación y mantenimiento en las 3 mil 960 plantas de tratamiento que existen en el país, lo que significaba un costo 700 mil millones de pesos, es decir, casi el 4 por ciento del Producto Interno Bruto.
La situación era todavía más compleja porque, para esa fecha, los organismos municipales, regionales y estatales arrastraban años de cartera vencida, de operar con números rojos, sin una ley que los ayudara a mejorar su infraestructura o si quiera actualizar las tarifas.
La inviabilidad de la norma, la crisis de los sistemas de agua, la reforma a las tarifas eléctricas, el desorden de gobierno federal y la ausencia de una política pública en material de agua y saneamiento, llevaron a la rebelión.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), principal responsable de la aplicación de la norma, no tuvo otra opción que impulsar promesas de cumplimiento.
Con información de: HIPOCRITA LECTOR
