Paola Morales Calderón
Una estudiante del Colegio Cultural de la avenida 17 Poniente, en la colonia El Carmen, fue víctima de agresión sexual por parte de uno de sus compañeros de clases… Sin embargo, a una semana de lo ocurrido ni la escuela ni las autoridades han garantizado su seguridad ni su protección, pues el agresor sigue yendo a la escuela.
Los hechos ocurrieron el viernes 13 de marzo, cerca del mediodía, cuando un compañero sujetó a la víctima por la fuerza y la obligó a tener contacto físico sin su consentimiento, esto a pesar de que ella en varias ocasiones le pidió que se detuviera.
Lo que ocurrió ese día no surgió de la nada, detrás de esta agresión ya había un patrón de acoso, con mensajes constantes, insinuaciones no deseadas y una presión constante para verla fuera de la escuela.
Una promesa que nunca se cumplió
Con todo lo vivido, la joven decidió hablar. Se acercó a su tutora y poco después se convocó a una reunión con su madre y las autoridades escolares. En ese encuentro le aseguraron que se activaría un protocolo interno y que el alumno sería retirado del plantel para garantizar su seguridad, pero la realidad fue otra.
«Me prometieron que él ya no iba a estar en la escuela y yo me quedé tranquila” declaró.
Días más tarde, la directora suplente del Colegio Cultural ubicado en El Carmen, Mercedes Huerta Cortés, le comunicó a la familia que no era posible tomar ninguna medida contra el estudiante, por lo que él agresor seguiría asistiendo a clases con total normalidad.
“La directora dijo que no podía hacer absolutamente nada, que tenía prohibido hacer cualquier cosa, no podía moverlo de plantel, no podía moverlo de escuela” mencionó.
Mientras tanto, el señalado decidió negar los hechos y acusó a la joven de difamación; después se presentó en el plantel acompañado de un abogado.
Protocolos ignorados
Esta falta de acción contrasta con lo que establece el Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción por hechos de violencia en instituciones educativas del estado de Puebla, el cual señala que ante una denuncia de este tipo el personal escolar debe actuar con confidencialidad, brindar protección a la víctima y evitar cualquier situación que la revictimice.
El documento también establece que la autoridad escolar debe generar condiciones de seguridad, evitar el contacto entre la víctima y el presunto agresor y canalizar el caso a instancias como la fiscalía estatal, el DIF o la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, cuando sea necesario.
Pero nada de eso ocurrió, por el contrario, la estudiante tuvo que dejar de asistir a clases mientras el señalado permanece en el aula, como si nada hubiera pasado.
Denuncias sin respuesta clara
Ante la falta de garantías dentro de la escuela, la joven interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pero el caso se mantiene en etapa inicial, en espera de que se determine su procedencia.
De manera paralela, también presentó una queja ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), aunque le informaron que se trata de un proceso que podría tardar semanas.
Hoy la estudiante no está en el aula, está en su casa, en espera de tener una respuesta por parte de las autoridades que deberían brindarle protección. (MCJ)
Con información de www.e-consulta.com
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