Con 330 votos a favor y 129 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la creación de la “Llave MX”, una herramienta digital que centralizará la gestión de trámites gubernamentales mediante una CURP biométrica que funcionará como documento oficial de identificación en todo el país.
El nuevo instrumento forma parte de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Con esta legislación, se extingue la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y se abroga la ley creada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto para tal fin. En su lugar, se establece la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones como autoridad nacional encargada de implementar el nuevo modelo de simplificación administrativa.
La “Llave MX” incorporará huellas dactilares y fotografía a la CURP tradicional, lo que permitirá a los ciudadanos realizar trámites federales, estatales y municipales desde una ventanilla digital única. Según lo aprobado, esta versión biométrica de la CURP tendrá el carácter de identificación oficial, al nivel del INE o pasaporte.
Desde el oficialismo, se argumenta que la iniciativa representa un paso decisivo en la lucha contra la corrupción y la opacidad, al eliminar hasta un 50% de los trámites actuales y digitalizar el 80% de los procesos gubernamentales. “¿Por qué deberíamos demorar el combate a la corrupción?”, cuestionó la diputada morenista Claudia Rivera Vivanco al defender el dictamen en tribuna.
Sin embargo, la oposición ha lanzado duras críticas. Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron sobre el riesgo que implica centralizar información sensible como los datos biométricos de millones de mexicanos. Acusaron que la ley abre la puerta a un sistema de vigilancia masiva, pone en riesgo la privacidad ciudadana y elimina contrapesos al concentrar facultades en una sola entidad.
El diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) fue más allá al calificar la iniciativa como un “Big Brother mexicano”, mientras que su correligionaria Rocío González acusó que la nueva autoridad concentrará el manejo de datos “como en los peores regímenes autoritarios”.
Pese a las reservas y mociones presentadas por la oposición —todas rechazadas por la mayoría de Morena y sus aliados—, el dictamen establece que en un plazo máximo de 180 días naturales, los estados y municipios deberán crear sus propias autoridades de simplificación y digitalización para alinearse al nuevo modelo nacional.
Aunque la bancada oficialista sostiene que el sistema se inspira en recomendaciones internacionales, como las de la OCDE, los críticos advierten que modelos similares han fallado en otros países por la excesiva centralización. En este sentido, citaron el colapso de plataformas públicas en Costa Rica tras un ciberataque, como advertencia sobre los riesgos de depender de un único sistema para toda la administración pública.
Con esta aprobación, el país avanza hacia una digitalización profunda de su burocracia, pero el debate sobre los límites entre eficiencia gubernamental y protección de derechos ciudadanos apenas comienza.
