La escasa asistencia ciudadana registrada este domingo durante la elección de jueces y magistrados evidenció el rechazo social hacia la reforma judicial, considerada una imposición política más que una solución genuina a las necesidades del sistema de justicia. La Coparmex, liderada por José Juan Sierra, señaló que el desinterés generalizado confirma que este proceso no surgió de una demanda ciudadana, sino de una decisión unilateral con graves consecuencias para las instituciones y la confianza en el país.
Durante su observación electoral, la organización empresarial detectó múltiples irregularidades que, a su juicio, vulneran los principios democráticos. Criticó que la reforma se implementó sin un diagnóstico técnico adecuado, sin consenso entre los actores políticos y sin mecanismos claros para evaluar los perfiles de los candidatos. Lo que pudo ser una oportunidad para fortalecer al Poder Judicial terminó siendo, según la Coparmex, un proceso que sacrifica la autonomía y la meritocracia en favor del control político.
La justicia, subrayó la Confederación, no puede depender de un ejercicio de popularidad, especialmente cuando la participación ciudadana fue mínima. La verdadera legitimidad, argumentó, se construye con preparación, imparcialidad y ética profesional. Advirtió que, sin un sistema judicial independiente y confiable, México no podrá atraer inversiones ni garantizar seguridad jurídica, elementos clave para el desarrollo económico.
La Coparmex alertó que la reforma ya está generando efectos negativos, como el creciente recurso de empresas extranjeras a tribunales internacionales ante la desconfianza en la justicia local. Sin embargo, el impacto más grave recaerá sobre las pequeñas y medianas empresas, que carecen de recursos para enfrentar un sistema judicial debilitado o politizado. «Sin un Poder Judicial autónomo, no hay futuro para el país», remarcó la organización.
Finalmente, la Coparmex insistió en que este proceso no debe convertirse en un precedente para futuras elecciones judiciales. Criticó las fallas logísticas, como la reducción de casillas y los plazos ajustados, que afectaron la organización del evento. Subrayó que estas condiciones no solo dañan la democracia, sino también la independencia de los órganos electorales, construidos durante décadas para servir a la ciudadanía y no a intereses políticos.
Con información de: El Economista.com
