Aunque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó los resultados de fiscalización de la Cuenta Pública 2022 del gobierno de Puebla, el exmandatario Miguel Barbosa Huerta nunca terminó de aclarar las irregularidades detectadas en el 2021, por un monto de 3 mil 244 millones 900 mil 100 pesos.
Durante 2021, la ASF detectó un presunto daño patrimonial por 3 mil 267 millones 169 mil 300 pesos, pero el gobierno estatal solo pudo solventar 22 millones 269 mil 200 pesos, es decir, sólo el 0.68 por ciento del total.
Lo anterior, de acuerdo con la tercera entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, Primera, Segunda y Tercera Entregas Consolidado.
Las anomalías detectadas corresponden a Educación, Servicios de Salud, Saneamiento Financiero, Participaciones federales para el gobierno de Puebla, y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas para varios municipios.
Según el informe, el monto más alto corresponde al gobierno del estado de Puebla, en una auditoría a las Participaciones Federales a Entidades Federativas, por 2 mil 478 millones 851 mil 500 pesos.
Foto / e-consulta
Con información de: E-Consulta
