China intensifica las penalizaciones contra deudores morosos, privándolos de servicios esenciales como el acceso a trenes de alta velocidad y hoteles de categoría, en un intento por sancionar a aquellos que no cumplen con sus obligaciones financieras. Estas medidas se presentan en un contexto donde el país enfrenta un creciente endeudamiento personal que supera los 11 billones de dólares, cifra significativa en una nación donde los ingresos son considerablemente bajos.
La situación de Qin Huangsheng, una trabajadora de fábrica que ahora lidia con una deuda de 40.000 dólares (USD) con un salario base de 400 dólares mensuales, ilustra la dura realidad de muchos chinos que, como resultado de esta política, se ven obligados a utilizar medios de transporte más lentos y enfrentan restricciones de consumo y movilidad. Según el diario The Wall Street Journal, el número de personas incluidas en la lista negra gubernamental de morosidad ha aumentado en un 50% desde fines de 2019, alcanzando los 8,3 millones.
El autor del artículo expresa lo que a diario se repite en millones de chinos: “En los trenes lentos y viejos en los que le toca viajar, Qin a veces mira a los demás pasajeros y piensa: ‘Me pregunto si serán todos malos deudores como yo’”.
El régimen chino justifica estas acciones señalando que son medidas dirigidas únicamente a aquellos que, teniendo la capacidad, eligen no satisfacer sus deudas. Sin embargo, la falta de un sistema de bancarrota personal en China, que permitiría a los individuos reestructurar o eliminar deudas insostenibles, ha sido criticada por académicos quienes argumentan que perjudica la equidad y restringe las oportunidades de recuperación financiera para los ciudadanos.
Las consecuencias económicas de la acumulación de deuda personal son amplias. La inversión en consumo está siendo opacada por la necesidad de cubrir deudas, lo cual repercute directamente en el crecimiento económico del país. A pesar de un alza del 4.7% en las ventas al menudeo de bienes de consumo durante el primer trimestre, este incremento se queda corto frente al crecimiento económico total del 5.3%, lo que refleja una tendencia conservadora en el gasto familiar provocada por el temor a las sanciones por morosidad.
Con informacion de: INFOBAE
