Cientos de manifestantes se congregaron este domingo 1 de junio en la Ciudad de México para expresar su rechazo a la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. La protesta, denominada “Domingo Negro: el Despertar de la Ciudadanía”, coincidió con la jornada electoral derivada de la reciente reforma judicial. Los participantes, vestidos principalmente de blanco con distintivos negros, advirtieron que este mecanismo podría comprometer la autonomía del sistema judicial y denunciaron lo que calificaron como una simulación democrática.
La movilización, convocada por el colectivo México Unido y respaldada por organizaciones como Chalecos México A.C. y Marea Rosa, partió del Ángel de la Independencia y avanzó hacia el Monumento a la Revolución. Según los organizadores, más de mil personas se sumaron a la marcha, incluyendo trabajadores judiciales, estudiantes de derecho y ciudadanos de distintas alcaldías. Entre las consignas más repetidas destacaron “Sin Poder Judicial no hay libertad” y “¡La Corte no se toca!”, reflejando el temor a una posible politización de la justicia.
Organizaciones como Resistencia Civil Activa y Pacífica (RECAP) alertaron sobre los riesgos de permitir que perfiles cuestionables accedan a cargos judiciales mediante el voto popular. En un comunicado, señalaron que entre los candidatos hay personas con antecedentes penales o vínculos con grupos delictivos, lo que, según ellos, pone en peligro la integridad del sistema. Pese a la tensión, la protesta transcurrió sin incidentes, manteniendo un carácter pacífico en todo momento.
Mientras tanto, este mismo día se llevó a cabo una elección histórica en la que los ciudadanos debían elegir a 881 funcionarios judiciales a nivel federal, incluyendo ministros de la Suprema Corte, magistrados electorales y jueces de distrito. Además, en 19 estados se realizaron comicios locales para designar a jueces y magistrados estatales. Las autoridades defendieron el proceso como un avance hacia la transparencia y la participación ciudadana en la justicia.
La reforma judicial, que promueve la elección popular de los impartidores de justicia, ha generado un intenso debate entre quienes la ven como una democratización necesaria y quienes la consideran una amenaza a la independencia del Poder Judicial. Mientras el gobierno insiste en que fortalecerá la rendición de cuentas, los críticos insisten en que podría derivar en decisiones judiciales influenciadas por intereses políticos o incluso por el crimen organizado. La polarización en torno al tema sugiere que el debate seguirá vigente en los próximos meses.
Con información de: El Economista.com
