La Fiscalía General de la República (FGR) negoció con el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya y su familia un acuerdo después de meses de escuchas y vigilancia. Informes internos y conversaciones grabadas, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, ayudan a reconstruir cómo fue el diálogo entre la dependencia que dirige Alejandro Gertz Manero y el ahora imputado por los casos Odebrecht y Agronitrogenados. La estrategia del Ministerio Público, según se desprende de los documentos, era estrechar el cerco sobre Lozoya y presionar con órdenes de arresto contra su madre, Gilda Austin y Solis, y su hermana, Gilda Lozoya Austin. Bajo ese plan, una vez estuviera acorralado, el exdirector de Pemex tendría que sentarse a negociar con las autoridades.
Después de realizar cientos de escuchas y reportes de vigilancia, la Fiscalía logró sentarse a negociar con la familia en octubre de 2019, cuando Lozoya y su hermana se encontraban prófugos y su madre permanecía detenida en Alemania. No está claro qué le entregó la familia del exdirector de Pemex al Ministerio Público o al fiscal. El acuerdo, según han relatado fuentes cercanas a la investigación, se gestó a puerta cerrada. Pero los Lozoya recibieron indicaciones por parte de Gertz y su mano derecha, el subprocurador Juan Ramos, para evitar llevar los procesos judiciales desde prisión. Esa asesoría, calificada como un delito por algunos expertos, quedó plasmada en las escuchas, algunas difundidas en junio pasado. Además consiguieron paralizar otras siete denuncias contra el exdirectivo de la paraestatal que había realizado la Unidad de Inteligencia Financiera, según han confirmado fuentes de este organismo.
Lozoya fue detenido en España en febrero de 2020, cuando su familia llevaba meses hablando con el fiscal. Las negociaciones permitieron que tanto él como su madre aceptaran la extradición a México y entraran en un esquema de colaboración. Ambos salieron en libertad al pisar territorio mexicano. Un beneficio que el exdirector de la petrolera perdió en noviembre de 2021, después del escándalo desatado por una lujosa cena que despertó la indignación del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Una Fiscalía para “fines propios, abusos y venganzas”
La justicia ordenó la detención de Lozoya Austin, su hermana Gilda, y el director de Altos Hornos de México (AMHSA), Alonso Ancira, el 26 de mayo de 2019 por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Luego extendió la medida a dos miembros más de la familia: Marielle Eckes, la esposa del exdirector de Pemex, y Gilda Austin y Solis, la madre; además de una mujer involucrada en la compra de una casa con el dinero de los sobornos pagados por Odebrecht.
Los meses siguientes a que se ordenaran esas detenciones implicaron una enorme campaña de vigilancia. En ese entonces, Lozoya estaba fuera del radar de las autoridades y su padre pasaba sus días entre México y Alemania, donde estaba detenida Austin y Solis. Los informes de la Fiscalía dejan registro de cientos de comunicaciones, no está claro si obtenidas de manera ilegal, de familiares y trabajadores. Desde el escolta hasta la secretaria particular. Mensajes que abundan en la vida privada, que van sobre la preparación de una boda o cuestiones médicas, como una cirugía a la que se sometió el padre de Lozoya en julio de 2019. Cientos de fotos de una larga lista de gente cercana. Sabían dónde comían, qué lugares visitaban, qué vuelos tomaban, con cuántas maletas iban.
Foto: (ALFREDO ESTRELLA / AFP).
Con inoformación del periódico El País: https://elpais.com/mexico/2022-07-11/da-la-impresion-de-un-pacto-para-enganar-al-presidente-asi-negocio-la-fiscalia-el-caso-de-emilio-lozoya.html
