A partir de este 17 de junio, la llamada «Ley Silla» reforma la Ley Federal del Trabajo para garantizar el derecho al descanso durante la jornada laboral. La nueva normativa obliga a los empleadores a proporcionar asientos con respaldo y prohíbe exigir que los trabajadores permanezcan de pie durante toda su jornada. Esta medida busca prevenir riesgos de salud asociados a la postura vertical prolongada, como fatiga crónica y problemas musculoesqueléticos.
La reforma establece que las empresas deben disponer de espacios específicos para que los empleados puedan tomar pausas sentados, aunque no necesariamente en sus puestos de trabajo habituales. Este cambio es particularmente relevante para sectores como comercio y servicios, donde históricamente los trabajadores han tenido que permanecer de pie durante horas sin interrupciones. En el caso de la industria, la aplicación será evaluada según la naturaleza de las actividades.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene ahora 30 días para emitir lineamientos sobre los riesgos laborales vinculados a permanecer de pie por tiempo extendido. Además, las empresas contarán con 180 días -hasta el 13 de diciembre de 2025- para adaptar sus reglamentos internos y cumplir con la nueva disposición. El tiempo exacto de descanso y uso de sillas quedará sujeto a cada organización.
México se suma así a países como Chile, Uruguay y Argentina, que implementaron regulaciones similares hace más de un siglo. Estudios médicos publicados en la revista Gait and Posture advierten que el «límite seguro» para permanecer de pie sin descanso es de 40 minutos, tras los cuales aumentan significativamente los riesgos de lumbalgia, várices y otras afectaciones. La ley busca mitigar estos problemas de salud laboral.
Esta reforma se enmarca en una serie de cambios recientes a la legislación laboral mexicana, incluyendo la ampliación de vacaciones y el derecho a la desconexión digital. Representa un avance significativo en derechos laborales básicos, aunque su efectividad dependerá de la implementación y supervisión por parte de autoridades y empleadores en los próximos meses.
Con información de: El Economista.com
