Para analizar desde diversas perspectivas el papel de la universidad en la prevención y atención de la tortura, la BUAP, a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios, llevó a cabo el conversatorio “El rol de la universidad frente a la tortura”, en el que diversos especialistas reflexionaron cómo ser un agente de cambio, individual y colectivamente, frente a este tema catalogado como un crimen.

La abogada General, Miriam Olga Ponce Gómez, definió la tortura como un acto atroz, “no sólo daña el cuerpo, trastoca el sentido mismo del ser humano”. Por ello, la importancia de este esfuerzo para difundir información sobre cómo prevenirla, atender a las víctimas y conocer su gravedad como una violación a los derechos humanos. “Necesitamos ser agentes de erradicación mediante la acción colectiva”.

En el marco del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, celebrado el 26 de junio, el defensor de los Derechos Universitarios, Omar Aguirre Ibarra, indicó que este conversatorio se suma a la campaña nacional México sin Tortura 2025, impulsada por el gobierno federal desde diferentes instancias.

“Esta iniciativa representa nuestro profundo compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos, así como con la erradicación de una de las más crueles afrentas a la dignidad humana. En esta cascada de colaboraciones con la federación, desde la universidad generamos un trabajo relacionado con la promoción de una cultura de paz. Realizamos una campaña de sensibilización y concientización, por lo que en las últimas dos semanas se publicaron infografías y participamos en otras pláticas”, sostuvo.

En su intervención titulada “La universidad como espacio de memoria, prevención y acción contra la tortura”, el vicerrector de Docencia, José Jaime Vázquez López, expuso que se vive una situación compleja en términos sociales: violencia, bajo promedio salarial, efectos de cambio climático, un número creciente de defunciones en hombres, poco acceso a la salud, cambios en la figura paternal, bajas tasas de natalidad, aumento de la población adulta, entre otras variantes.

Además, invitó a reflexionar sobre datos preocupantes que evidencian la urgencia de la acción colectiva: la alarmante cifra de 26 mil 715 homicidios en 2024 (70 muertes diarias), más de 113 mil personas desaparecidas desde 2006, y 8 mil 463 suicidios en 2023, entre otros indicadores de una crisis social y de convivencia. Por lo que hizo un llamado a la comunidad universitaria a sumarse en un esfuerzo colectivo por fortalecer la resiliencia comunitaria. “Estos datos ya se normalizaron y pareciera que son parte de la cotidianidad, pero sin duda deben ser elementos de análisis”.

Vázquez López dejó en claro que la universidad es mucho más que aulas, es un custodio de la memoria y un motor de cambio, por lo que aportó una mirada clara desde el quehacer universitario y el rol de la universidad frente a la tortura.

En este conversatorio que tuvo lugar en el Aula Virtual del Complejo Cultural Universitario, también intervino el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Luis Ochoa Bilbao, quien compartió su visión sobre la educación superior y la cultura de paz para la erradicación de la tortura. Invitó a la audiencia a entender la cultura de paz no como una simple negación de la violencia, sino como un proceso activo y positivo que promueve valores esenciales como el respeto a la dignidad, la justicia y el diálogo.

Para complementar estas perspectivas, por parte de la sindicatura del municipio de Puebla, Jessica Calderón García, directora de Derechos Humanos, e Iván Andrés Flores Cano, jefe del Departamento de Amparos, expusieron el marco legal, nacional e internacional, que prohíbe la tortura y protege la dignidad humana. Enfatizaron que, lamentablemente, la tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados en México, utilizados para castigar o extraer información o confesiones, incluyendo en alarmantes ocasiones la violencia sexual. La situación de impunidad es grave, con el 98 por ciento de los delitos sin investigación.

Entre los asistentes acudió personal de la Escuela de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Universidad de Ciencias Policiales del Estado y del Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano “El Batán”.