La posible reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) ha despertado fuertes críticas entre especialistas y organizaciones, quienes advierten que la iniciativa no solo podría ser inconstitucional, sino que también infringiría compromisos internacionales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Uno de los aspectos más polémicos es el fortalecimiento de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), un organismo con amplias facultades que, según expertos, podría generar duplicidad de funciones y conflictos regulatorios.
Entre las principales preocupaciones destaca la posible creación de una «superagencia» con poderes excesivos y poca autonomía, lo que afectaría la transparencia y la competencia en el sector. Salomón Padilla Duarte, vicepresidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México (ATIM), señaló que la concentración de atribuciones en la ATDT podría derivar en decisiones arbitrarias, minando la confianza de inversionistas y usuarios. Además, advirtió que la falta de independencia del organismo violaría principios establecidos en el T-MEC.
Otro punto de controversia es la posibilidad de que la ATDT pueda bloquear plataformas digitales como Netflix, Amazon o Facebook sin una orden judicial y sin plazos definidos. Gerardo Flores, miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), alertó que esta medida contravendría el Capítulo 19 del T-MEC, que garantiza trato justo a proveedores de servicios digitales. Además, criticó que la reforma busque limitar el uso del amparo para impugnar decisiones de la agencia, lo que dejaría a las empresas sin recursos legales efectivos.
La iniciativa también podría incumplir el Capítulo 18 del T-MEC, que exige un órgano regulador autónomo en materia de telecomunicaciones. Actualmente, la ATDT dependería de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), lo que socavaría su independencia. Jorge Moreno, abogado especializado en el sector, subrayó que estas modificaciones generarían incertidumbre jurídica y dañarían la competitividad del mercado mexicano, en contra de los principios de transparencia y libre competencia promovidos por el tratado comercial.
Ante estos riesgos, expertos coinciden en la urgencia de abrir un parlamento abierto donde participen empresas, académicos y organizaciones civiles para analizar a fondo la reforma. Destacaron la importancia de incluir al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), dada su experiencia en la materia, y evitar una aprobación apresurada que derive en conflictos legales y económicos. Mientras tanto, el debate sigue en el Congreso, donde se espera que las advertencias de los especialistas sean tomadas en cuenta antes de cualquier votación.
Con información de: El Financiero.com
