El Instituto Nacional Electoral (INE) analiza retirar el triunfo a más de 30 candidatos electos como magistrados de circuito por no cumplir con los promedios mínimos exigidos por la Constitución. Entre los casos más destacados están los aspirantes Edén Wynter Meilónn Walter, Tomás Enrique Sánchez Silva y Arturo Manuel Fernández Abundiz, cuyos resultados podrían anularse por no acreditar el promedio de 8 en licenciatura o 9 en materias de especialidad. De confirmarse, los segundos lugares en cada contienda serían reevaluados para determinar si cumplen con los requisitos.
Durante una sesión del Consejo General, la consejera Carla Humphrey alertó sobre al menos 33 candidaturas que no cumplían con los estándares académicos, pese a haber sido avaladas por Comités de Evaluación independientes. El debate se intensificó cuando el área jurídica del INE intentó justificar que un promedio de 7.9 podría redondearse a 8, argumento rechazado por consejeros como Uuc-kib Espadas, quien enfatizó que «los números son lo que son» y la ley no admite negociaciones en criterios de elegibilidad.
La consejera Dania Ravel se opuso a la medida, argumentando que el INE no tiene atribuciones para invalidar decisiones ya tomadas por los Comités de Evaluación. Criticó que la revisión de promedios se esté realizando de manera inconsistente, pues en algunos casos se aceptan constancias sin verificación plena. Esta postura dividió al Consejo, reflejando tensiones sobre los límites de la intervención del instituto en el proceso judicial.
Además del escrutinio académico, el INE declaró válida la elección de magistrados, pero anuló más de 3.2 millones de votos por irregularidades en casillas. Jorge Montaño, otro de los consejeros, reconoció fallas normativas en el proceso, aunque destacó que el INE logró compensar algunas deficiencias operativas. Sin embargo, subrayó la necesidad de ajustes legislativos para evitar conflictos futuros.
El caso ha reabierto el debate sobre la transparencia y solidez de los criterios en las elecciones judiciales. Mientras el INE avanza en su revisión, los candidatos afectados podrían recurrir a instancias legales para defender sus triunfos. La resolución final sentará un precedente sobre el rigor en los requisitos académicos para acceder a cargos en el Poder Judicial.
Con información de: El Economista.com
