Pablo Ferri
Armando Ríos Piter ha dado un paso al lado. El exsenador ha anunciado este martes su “renuncia” a la rectoría de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), facilitando así el final de un conflicto que dura ya más de medio año, y que tiene en jaque a uno de los centros privados de educación superior más prestigiosos del país. En un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, Ríos Piter ha dicho: “He decidido renunciar para que no haya más pretextos y se regrese a la normalidad”.
La salida del exsenador, trotamundos de la política, descabeza el proyecto del grupo de gestores que ha mantenido el control de la fundación que administra la universidad desde junio. La presión de estudiantes y profesores en las últimas semanas ha surtido efecto, dejando poco margen a la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla. Amparada en el Gobierno local, en manos de Miguel Barbosa de Morena, la Junta se hizo con el control de la fundación en junio, provocando una batalla judicial con sus anteriores gestores, la familia Jenkins.
Creada en la década de 1970, la UDLAP es parte del patrimonio de la fundación Mary Street Jenkins, obra filantrópica del empresario estadounidense William Jenkins, que hizo fortuna en el México del siglo pasado. Desde hace años, el instituto vive su propio conflicto por el control del patrimonio, valorado en más de 700 millones de dólares. El pleito involucra a dos ramas de los descendientes de Jenkins. Por un lado, el biznieto mayor, Guillermo Jenkins de Landa. Y por otro, su madre y hermanos, con Roberto Jenkins a la cabeza, que han mantenido el control del patrimonio este tiempo.
El origen de la pugna familiar apunta precisamente a la UDLAP. A mediados de la década pasada, Roberto Jenkins y compañía decidieron traspasar buena parte del patrimonio de la fundación Mary Street Jenkins a un instituto espejo en Aguascalientes. De ahí lo sacaron a otra fundación en Barbados y más tarde lo mandaron a Panamá. Guillermo Jenkins denunció a su familia por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La familia argumentó que la intención era proteger el patrimonio de las garras del Gobierno local, entonces en manos de Rafael Moreno Valle, del PAN. Dentro del patrimonio, la pieza más importante era la UDLAP.
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