La recién aprobada Ley de Ciberasedio en Puebla, que busca sancionar insultos y agresiones en redes sociales, ha sido cuestionada por especialistas en ciberseguridad. Jesús Alfredo Páez San Martín, jefe del Departamento de Atención y Prevención de Ciberdelitos de la Policía Estatal, señaló que la normativa no protege efectivamente a la ciudadanía y contiene errores conceptuales que podrían generar abusos.
Uno de los principales problemas es la inclusión del término «ciberasedio», el cual, según Páez San Martín, no existe en el marco legal actual. Este concepto se confunde con el ciberacoso, ya tipificado en el Código Penal, lo que podría llevar a interpretaciones arbitrarias por parte de las autoridades. El experto advirtió que, al no estar bien definido, se presta a aplicaciones discrecionales sin una revisión técnica adecuada.
Otro punto crítico es la figura del «espionaje digital», que según el especialista no corresponde con delitos ya establecidos, como el hackeo o la suplantación de identidad. Páez San Martín alertó que esta ambigüedad podría afectar a periodistas que obtengan información mediante fuentes digitales, ya que podrían ser acusados injustamente. Además, destacó que la ley no protege adecuadamente a menores y mujeres, pues omite precisiones sobre delitos como el grooming, que debería abarcar a más víctimas potenciales.
El policía cibernético criticó que la legislación se aprobó en solo dos días, sin consultar a expertos, académicos o fuerzas de seguridad especializadas. «Al no haber análisis ni mesas de trabajo, la ley queda con graves vacíos que generan desconfianza», afirmó. También señaló que el texto contiene errores ortográficos y técnicos, lo que aumenta el riesgo de malas interpretaciones y aplicaciones injustas.
Finalmente, Páez San Martín hizo un llamado a revisar y corregir la normativa antes de su implementación, ya que en su estado actual no garantiza seguridad digital y, por el contrario, podría perjudicar a usuarios, periodistas y víctimas de delitos en línea. Mientras tanto, organizaciones civiles y expertos exigen mayor transparencia y participación en la discusión de leyes que afectan el entorno digital.
Con información de e-consulta.com
