La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) identificó contenido pagado en redes sociales promocionando a candidatas al Tribunal de Disciplina Judicial, lo que viola las normas electorales. Tras la detección, el órgano exigió la eliminación inmediata de estas publicaciones, las cuales habrían sido contratadas sin justificación durante el periodo de campaña. La decisión se tomó luego de que una ciudadana presentara una denuncia contra tres aspirantes por presunta publicidad indebida en Facebook y en el medio Renovación MX.
En respuesta, el INE ordenó que el material fuera retirado en un plazo máximo de seis horas después de notificar la resolución. La Comisión consideró que las publicaciones infringían el marco legal al ser difundidas de manera irregular, por lo que aplicó medidas cautelares para evitar su propagación. Este caso se suma a una serie de señalamientos por uso indebido de redes sociales en el proceso de selección de funcionarios judiciales.
Por otro lado, se analizó una denuncia en contra de Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte y aspirante a la reelección, por su participación en un evento organizado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). El quejoso, Ricardo Guillermo Salinas Lucas, argumentó que el acto violaba las reglas de equidad al ser promovido en sus redes sociales durante el proceso electoral. Sin embargo, la Comisión desestimó la queja al considerar que la publicación ya había sido eliminada.
El INE determinó que, al tratarse de un hecho consumado y sin contenido vigente en plataformas digitales, no procedían medidas correctivas. Aunque el evento ocurrió el pasado 3 de mayo, la rápida eliminación del material impidió que se aplicaran sanciones. Este fallo refleja los desafíos en la regulación de las campañas judiciales, donde el uso de redes sociales sigue generando controversia.
Estos casos evidencian la persistencia de prácticas irregulares en la promoción de aspirantes al Poder Judicial, pese a los controles del INE. Mientras algunos infractores acatan las disposiciones, otros aprovechan vacíos legales o retiran contenido antes de enfrentar consecuencias. Las autoridades electorales enfrentan el reto de reforzar la supervisión para garantizar procesos transparentes y equitativos en la designación de funcionarios judiciales.
Con información de: El Economista.com
