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Puebla, entre los 5 estados con mayor precariedad laboral.
*Más de 2 millones de personas trabajando en la precariedad, sin ingreso suficiente y sin seguridad social en la entidad poblana.
En México, los derechos laborales se violan y eso explica la cantidad de personas en pobreza y la permanencia de esa condición. La causa de esta situación es la falta de mecanismos de defensa pues 18 millones 640 mil personas, más de la mitad de trabajadores asalariados, carecen de contratos estables (52%) y la inmensa mayoría 31 millones 230 mil personas, carecen de organización sindical para la negociación y defensa colectiva de sus derechos (87%).
Ante la tolerancia de las autoridades laborales y sin defensa por falta de contrato y organización sindical, 35 millones 190 mil personas carecen de ingreso suficiente para adquirir dos canastas básicas, lo indispensable para sostener una familia y superar el umbral de pobreza (71% del personal ocupado). Además, 34 millones 110 mil personas no tienen acceso al derecho a la salud por su trabajo (61% del personal ocupado).
Esta situación convierte a nuestro país en la “República de la Precariedad”, dice Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, pues no hay estado que salga bien librado. Unos están “menos peor” como algunos de la Región Norte, pero igual es preocupante el número de personas que trabajan sin derechos laborales y los niveles de precariedad laboral, en estados con gran fortaleza económica.
Quien trabaja no debe ser pobre, sin embargo en la República de la Precariedad, el trabajo no es la puerta de salida de la pobreza para millones de personas. Al contrario, las estructuras laborales se han convertido en fábricas de la pobreza ahondando la desigualdad, agrega Gómez Hermosillo.
La Región Sur Sureste donde se concentran los mayores niveles de desarrollo y actividad económica exportadora, más de la mitad, 5 millones 140 mil personas trabajan sin contrato estable (63%) y 6 millones 991 mil personas trabajan sin organización sindical (86%), según datos del Observatorio de Trabajo digno.
La Región Sur Sureste ocupa el primer lugar en indicadores de precariedad laboral. Ahí 10 millones 898 mil personas trabajan y carecen de ingreso laboral suficiente para adquirir lo más básico y superar el umbral de pobreza (79%) y 11 millones 198 mil trabajan y carecen de seguridad social (75%).
Gomez Hermosillo recordó que es la constitución, en su artículo 123 la que garantiza a los
mexicanos el derecho al trabajo digno. Ese mismo texto reconoce el derecho de los trabajadores a un ingreso salarial suficiente para satisfacer las necesidades de una familia, en el orden material, social y cultural. Ese mismo artículo reconoce también el derecho a coaligarse en defensa de sus intereses formando sindicatos, los que serán titulares de los contratos colectivos.
Así que la exigencia es simplemente: cumplir con la ley; respetar lo que el artículo 123 reconoce como derecho de los trabajadores y que también ya forma parte de los derechos humanos, conforme a los Tratados internacionales firmados por México. Hoy darle vigencia plena a esos derechos es un imperativo si se quiere avanzar en la reducción de la pobreza y la desigualdad.
El Observatorio de Trabajo Digno basa su análisis en los datos de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, correspondiente al I Trimestre de 2022 y se propone actualizarlos cada año.
De acuerdo a esos datos, en Puebla hay más de 2 millones de trabajadores sin ingreso suficiente ni seguridad social, ocupando el 4° lugar nacional en precariedad laboral. La causa es la violación de los derechos laborales. En Puebla más de 1 millón de personas laboran sin contrato estable y carecen de representación sindical que negocie y defienda sus derechos.
Violación al derecho al trabajo en Puebla.
Indicadores de indefensión.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza promueve la fórmula México sin pobreza con dos elementos indispensables: (1) trabajo digno, es decir trabajo con remuneración suficiente y derechos laborales, conforme a los derechos humanos y la Constitución, así como (2) un sistema de protección social universal, no condicionado, que permita acceso universal a servicios de salud, servicios de cuidado y pensiones de ingreso en edad avanzada, desempleo e incapacidad.
Para lograr este propósito, se propone establecer acuerdos con líderes y organismos empresariales que se comprometan con los derechos humanos, con una remuneración mínima para cubrir el costo de dos canastas básicas (8,220 al mes) y con contratos estables y demás prestaciones legales, de manera verificable.
