La aprobación en la Cámara de Diputados de la nueva Ley de la Guardia Nacional ha encendido las alarmas entre defensores de derechos digitales, quienes advierten que la normativa podría institucionalizar el espionaje militar en México. La reforma, impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, otorga facultades sin precedentes a este cuerpo de seguridad -ahora bajo mando castrense- para intervenir comunicaciones privadas, rastrear dispositivos móviles y recolectar datos masivos en espacios públicos.
Entre los puntos más controvertidos destacan la autorización para que la Guardia Nacional realice operaciones encubiertas con identidades falsas, acceda a información en tiempo real de empresas telefónicas sin orden judicial previa (ratificable hasta 72 horas después), y monitoree actividad en internet bajo el argumento de «investigación preventiva». Aunque el gobierno insiste en que estas acciones requerirán aval judicial, organizaciones como R3D señalan que la redacción ambigua de varios artículos crea vacíos legales peligrosos.
«Estamos ante un intento de legalizar prácticas de vigilancia que el Ejército ya venía realizando ilegalmente contra periodistas, activistas y opositores», denuncia la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Los datos respaldan esta preocupación: entre 2016 y 2019, el 57% de las solicitudes de intervención de comunicaciones se hicieron sin autorización inicial, mientras que el 39% nunca fue ratificado por un juez, según cifras oficiales.
El gobierno defiende la reforma argumentando que modernizará el combate al crimen. Ernestina Godoy, consejera jurídica de Sheinbaum, prometió «candados legales» y una plataforma tecnológica para supervisar el uso de estos nuevos poderes. Sin embargo, especialistas señalan que el marco actual ya muestra fallas críticas: Google identificó a México como uno de los países con mayor riesgo de espionaje cibernético contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Mientras el Senado analiza el dictamen, la discusión trasciende lo técnico: se debate el equilibrio entre seguridad y privacidad en una nación donde, según Transparency International, el 72% de la población desconfía de sus fuerzas armadas. La reforma llegaría en un momento particularmente delicado, cuando México ocupa el puesto 127 de 180 en el Índice Global de Ciberseguridad, y registra un aumento del 210% en ciberataques a medios de comunicación desde 2020.
Con información de: Wired.com
