El Senado de México aprobó una ambiciosa reforma a la Ley de Telecomunicaciones que promete ampliar el acceso a internet en zonas marginadas, pero que también genera debate por nuevas facultades regulatorias. Con 77 votos a favor, el proyecto –respaldado por Morena y aliados– busca conectar a 15 millones de mexicanos sin acceso a banda ancha y fortalecer a medios comunitarios e indígenas. Sin embargo, la oposición alerta sobre posibles riesgos a la privacidad y libertad de expresión.
Entre los avances destacados está la creación de la Agencia de Transformación Digital (ATDT), que reemplazará al extinto IFT y supervisará el espectro radioeléctrico. Además, se establecen nuevas obligaciones para medios comerciales: deberán contar con defensorías de audiencias, códigos de ética y diferenciar claramente información de opinión. La reforma también limita la propaganda extranjera, permitiendo solo contenidos culturales o turísticos, tras la polémica por anuncios de funcionarios estadounidenses.
Uno de los puntos más controvertidos fue eliminado: el artículo 109 que permitía bloquear plataformas digitales. «Es un triunfo de la sociedad civil», reconoció el PAN. No obstante, persisten preocupaciones. La ley faculta a autoridades suspender transmisiones que «infrinjan derechos de audiencias», lo que críticos consideran una puerta a la censura. Además, exige el registro biométrico para líneas móviles y permite a fuerzas de seguridad acceder a metadatos y geolocalización en tiempo real –aunque sus defensores insisten que se requiere orden judicial.
«Estas medidas ya existían desde 2014», argumentó el senador Ramírez Marín (PVEM), acusando a la oposición de alarmismo. Sin embargo, organizaciones civiles temen que la retención de datos por dos años y el acceso expedito a comunicaciones afecten derechos fundamentales. El PRI y PAN también cuestionan que la ATDT mantenga amplias facultades regulatorias, pese a la creación de una Comisión autónoma para equilibrar su poder.
Tras cinco foros de consulta, el proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde se espera un intenso debate antes del 2 de julio. Mientras el oficialismo celebra una ley que «democratiza las comunicaciones», expertos piden ponderar cuidadosamente el equilibrio entre seguridad digital y garantías individuales en esta transformación que redefine el ecosistema mediático mexicano.
Con información de: Wired.com
