El Senado mexicano aprobó la nueva Ley de la Guardia Nacional, una reforma que otorga amplias facultades tecnológicas a esta corporación para intervenir comunicaciones, rastrear dispositivos y realizar operaciones encubiertas en nombre de la seguridad pública. Aunque el dictamen aún debe ser promulgado por el Ejecutivo, su aprobación ha generado una fuerte controversia entre sectores políticos y organismos internacionales, que advierten sobre los riesgos de militarización y vigilancia sin suficientes mecanismos de control.

La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, redefine el carácter de la Guardia Nacional, transformándola en una fuerza permanente bajo la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Uno de los aspectos más debatidos es la posibilidad de que esta institución solicite a compañías de telecomunicaciones y telefonía móvil información de sus usuarios en tiempo real, como la ubicación de dispositivos, con un plazo máximo de respuesta de 12 horas. Aunque se exige autorización judicial previa para intervenir comunicaciones privadas, organizaciones de derechos humanos señalan que los límites legales podrían ser fácilmente rebasados.

Además de intervenir redes digitales, la Guardia Nacional podrá hacer labores de monitoreo e infiltración digital en sitios públicos y plataformas en línea, utilizando identidades falsas o herramientas tecnológicas avanzadas. También se le devuelve la atribución de verificar documentos migratorios de personas extranjeras, una facultad que había sido anulada por la Suprema Corte en 2023 al considerar que representaba un riesgo para los derechos fundamentales.

Los partidos de oposición han rechazado abiertamente la reforma. Legisladores como Karla Guadalupe Toledo del PRI calificaron la ley como un intento del gobierno por establecer un aparato de control político armado, en detrimento de las libertades ciudadanas. En ese sentido, criticaron la ausencia de contrapesos efectivos y auditorías independientes sobre las actividades de la corporación, limitando la rendición de cuentas a un informe anual dirigido al Senado.

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México señaló que la nueva legislación consolida un enfoque militarizado de la seguridad pública, sin garantizar salvaguardas suficientes para los derechos humanos. La ONU advirtió que permitir al Ejército gestionar información de inteligencia sin supervisión externa representa una amenaza directa a la privacidad, especialmente en un contexto donde ya se ha documentado el uso ilegal de herramientas de espionaje digital por parte de autoridades mexicanas. A este panorama se suma un informe de Google que alertó sobre los crecientes riesgos para la libertad de expresión en el país, debido al entorno digital altamente vulnerable y la falta de controles efectivos sobre quienes acceden a datos sensibles.

Con información de: Wired.com