La Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República -bajo la presidencia del senador Raúl Bolaños-Cacho Cué-, aprobó reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), que benefician los intereses particulares de la industria en detrimento de la sociedad y del medio ambiente, pues evade reducir la contaminación por plásticos desechables.

La aprobación se dio este 18 de octubre en Comisiones Unidas con Estudios Legislativos Primera. Las y los senadores integrantes de esta Comisión ignoraron los comentarios y sugerencias realizadas por diversas organizaciones de la sociedad civil, particularmente de la Alianza México Sin Plástico (AMSP), que engloba a más de 200 organizaciones civiles, preocupadas por la crisis de la contaminación plástica que afecta al medio ambiente, por lo que claramente la apertura de espacios de discusión sobre el tema han sido una simulación.

Peor aún, a pesar de las repetidas solicitudes de audiencia para participar por parte de la Alianza y de las promesas de colaboración por parte del senador Bolaños-Cacho, la Comisión de Medio Ambiente que él preside, aprobó sin consulta alguna una reforma que únicamente contó con insumos por parte de la industria, violentando así el derecho de la ciudadanía a la participación en la toma de decisiones públicas.

“La actitud del Senado de la República es lamentable, pues además de favorecer a la industria del plástico, por medio de un evidente acuerdo en lo oscurito, viola nuestro derecho a participar en asuntos públicos y omite la obligación del Senado en garantizar este derecho, como lo estipula el Acuerdo de Escazú, que estos mismos senadores y senadoras ratificaron el pasado abril del 2021”, recalcó Arnold Ricalde de Organi-k y miembro de la AMSP.

Representantes de la Alianza México Sin Plásticos declararon su total rechazo a dicho dictamen pues incorpora una definición sobre plásticos de un solo uso que apuesta por el reciclaje y no por la prevención y la reducción efectivas; evita dar más responsabilidad a la industria en el manejo de los plásticos desechables que ésta produce, y pone en riesgo la viabilidad de las leyes anti-plásticos que han decretado casi todos los estados del país.

El documento tampoco establece una clara jerarquía de gestión de residuos por lo que se termina promoviendo el reciclaje y la valorización energética de plásticos desechables como la solución al problema, cuando la jerarquía establece que se debe priorizar la prevención y la minimización en la generación de residuos. Lo anterior contribuye a la emisión de millones de toneladas de gases de efecto invernadero, producto de todas las etapas del ciclo de vida de los plásticos, alejando a México del cumplimiento de los acuerdos internacionales que ha adquirido, agravando la crisis climática, de contaminación y de pérdida de biodiversidad.

“El término de “plásticos de un solo uso” que incorpora esta simulación de reforma, fue propuesto por representantes de la industria, traerá una consecuencia muy importante para los estados, la cual es poner un alto y posible retroceso en el avance de las regulaciones que desde hace más de dos años se han impulsado desde los estados y municipios para lograr una reducción efectiva de los productos plásticos diseñados para utilizarse una sola vez.

Al priorizar el reciclaje, como lo proponen los senadores, se favorece que la industria siga con la promesa del reciclaje como solución a la contaminación, cuando en estados como Baja California Sur tal reciclaje ni siquiera es real ya que no se cuenta con la capacidad para hacerlo efectivo. Lo que queremos no es reciclar más, sino no utilizar estos plásticos innecesarios, apostando por su eliminación y por tener incentivos para evitar este tipo de productos desechables mediante alternativas reutilizables,” explicó Mayra Gutiérrez, Coordinadora de la Alianza Desplastifícate.

El dictamen aprobado incorpora el concepto de la “Responsabilidad Extendida”, dejando como ambiguo el concepto de la “Responsabilidad Extendida del Productor” o REP, que otorga un mayor grado de responsabilidad a industriales, productores e importadores de aplicaciones plásticas desechables, y que ha sido adoptado por países como Chile, Colombia, Canadá, y la Unión Europea, solo por mencionar algunos. De hecho se trata de un término adoptado por la Organización de las Naciones Unidas y la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha instado a sus miembros a que la adopten.

“El problema del término de la responsabilidad extendida que los Senadores, en colusión con la industria, se inventaron con esta propuesta y que es muy diferente al de la REP, es que se trata de una simulación más que pretende acallar las voces críticas de la sociedad civil. Les permite decir, ya cumplimos, ya está la responsabilidad extendida en la ley, cuando lo cierto es que el concepto que han impulsado está manipulado a favor de la industria. En lugar de cumplir el propósito original de la REP, que es que las empresas se hagan responsables de sus productos por todo su ciclo de vida, termina liberando a las empresas de asumir responsabilidades reales y favorece la culpabilización de la ciudadanía y la sobrecarga en la responsabilidad gubernamental (que implica que las soluciones se paguen con nuestros impuestos, evitando que las empresas contribuyan en su justa proporción),” enfatizó Onela Garelli, especialista en consumo responsable y cambio climático de Greenpeace México, también integrante de la AMSP.

Las voces de la sociedad civil siguen sin ser escuchadas por esta legislatura que continúa privilegiando los intereses particulares sobre el bien común y el medio ambiente, “Como Alianza recalcamos que es urgente contar con una ley, pero ello no justifica aprobar una que no sirva a su cometido: detener la contaminación por productos plásticos de un solo uso y la consecuente degradación de los ecosistemas a los que éstos llegan, para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano y la salud de todas y todos los mexicanos”, .concluyó Vivian Heredia, Directora de AcaEco y también integrante de la AMSP.

El mismo día (18 de octubre), las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Estudios Legislativos Segunda, también aprobaron un dictamen para una nueva Ley General de Economía Circular, el cual se contrapone con la LGPGIR, invalida algunas de sus disposiciones, como la responsabilidad de los generadores a través de los planes de manejo de residuos, promueve la valorización energética, que trae grandes implicaciones ambientales y para la salud, no incluye la regeneración, y no evita la mayor extracción de recursos naturales ni la contaminación proveniente de los procesos productos. Por lo anterior, dicha ley no responde adecuadamente a los principios de la economía circular definidos por organismos internacionales líderes en la materia como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Es importante que este dictamen se discuta más ampliamente, no solo en el Senado mismo sino también con los diversos actores pertinentes, ya que se aprobó fast track sin la previa participación social y análisis requeridos.