Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que no hay ruptura con la política de seguridad de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, los datos revelan un giro significativo: decomisos récord de drogas, laboratorios destruidos y arrestos masivos marcan una estrategia más agresiva contra el crimen organizado. Solo en los últimos meses, su gobierno ha incautado 178 toneladas de estupefacientes, incluidos más de 3 millones de pastillas de fentanilo, y desmantelado 1,150 centros de producción ilegal. Estas cifras superan por amplio margen las registradas en el sexenio anterior, lo que sugiere un alejamiento del enfoque social que caracterizó a la administración de AMLO.
El cambio parece impulsado por dos factores clave: la llegada de Omar García Harfuch a la Secretaría de Seguridad —quien redujo la violencia en la Ciudad de México durante la gestión de Sheinbaum— y la presión de Estados Unidos, particularmente del ex presidente Donald Trump. Harfuch ha militarizado la frontera norte, incrementado los operativos contra cárteles y decomisado más de 12,700 armas. Sin embargo, analistas señalan que esta ofensiva responde también a las exigencias de Washington, que ha condicionado su relación con México a resultados tangibles en la reducción del flujo de drogas y migrantes.
La tensión se hizo evidente esta semana cuando el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Sheinbaum rechazó las acusaciones y defendió la soberanía de México, pero horas después las autoridades intervinieron dos de los bancos señalados. Este episodio refleja el delicado equilibrio que la mandataria debe mantener: cooperar con EE.UU. sin parecer subordinada, mientras enfrenta críticas por abandonar su propuesta original de abordar las adicciones desde la salud pública.
Expertos advierten que, pese a los operativos, la estrategia actual reproduce los errores del pasado. «Puedes decomisar toneladas de drogas, pero si no reduces la demanda en EE.UU. o atacas la corrupción local, el impacto será marginal», señala David Saucedo, consultor en seguridad. Además, el presupuesto para seguridad no ha aumentado, y la desconfianza entre fuerzas armadas y civiles persiste. Mientras tanto, Trump ha elogiado las acciones de Sheinbaum, aunque su propio gobierno no ha implementado las campañas de prevención que prometió.
El dilema de Sheinbaum es claro: aunque prometió no revivir la «guerra contra las drogas», la presión externa y la realidad del crimen organizado —más violento y diversificado que nunca— la han llevado a adoptar medidas similares. Su reto ahora es demostrar que este enfoque no solo genera titulares, sino resultados duraderos en un país donde, como ella misma admitió, «el problema no se resuelve solo con balazos».
Con información de: BBC en Español.com
