El gobierno estadounidense reforzará su capacidad de vigilancia migratoria mediante un nuevo contrato millonario con la controvertida empresa de análisis de datos Palantir. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pagará 30 millones de dólares por el desarrollo de un sistema tecnológico que permitirá rastrear en tiempo casi real los movimientos de migrantes y priorizar deportaciones, según documentos oficiales publicados esta semana.
La plataforma, denominada Immigration Lifecycle Operating System (ImmigrationOS), representará un salto cualitativo en las operaciones de la agencia migratoria. Entre sus funciones destacan la identificación automatizada de personas con visas vencidas, el monitoreo de los casos de «autodeportación» y la optimización de los procesos logísticos para las expulsiones. El contrato exige a Palantir entregar un prototipo funcional antes del 25 de septiembre de 2025, con vigencia hasta 2027.
Este acuerdo se enmarca en la política de mano dura de la administración Trump, que ha ordenado acelerar las deportaciones como parte de su estrategia migratoria. Según los documentos, el sistema priorizará la expulsión de delincuentes violentos, miembros de pandillas y migrantes con estatus irregular, aunque organizaciones civiles advierten sobre posibles afectaciones a derechos fundamentales.
La implementación de ImmigrationOS plantea serias interrogantes sobre privacidad y transparencia. Si bien el ICE afirma que el sistema mejorará la eficiencia operativa, no ha especificado qué fuentes de datos utilizará ni los protocolos para proteger información sensible. Palantir, por su parte, mantiene su característica opacidad y se negó a comentar sobre el proyecto cuando fue contactada por medios de comunicación.
La ampliación del contrato ocurre en un contexto de creciente presión sobre las comunidades migrantes. Solo en las últimas semanas, el gobierno ha revocado protecciones a medio millón de personas, ordenado redadas contra titulares de visas estudiantiles y deportado a cientos hacia centros de detención cuestionados internacionalmente. Mientras las autoridades justifican estas medidas como necesarias para la seguridad nacional, defensores de derechos humanos las califican de desproporcionadas y potencialmente ilegales.
Este nuevo sistema tecnológico podría marcar un punto de inflexión en la política migratoria de Estados Unidos, dotando al ICE de capacidades sin precedentes para identificar, rastrear y deportar migrantes. Sin embargo, también abre un intenso debate sobre los límites éticos del uso de big data en asuntos de inmigración y el riesgo de normalizar la vigilancia masiva de comunidades vulnerables.
Con información de: Wired.com
