La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibirá este lunes más de 8,500 firmas recabadas en Change.org por el académico Luis Enrique Sánchez Díaz, de la BUAP, para declarar inconstitucional la Ley de Ciberacuso en Puebla. El Partido Acción Nacional (PAN), junto con sus legisladores locales, presentará una acción legal para eliminar el artículo 480 del Código Penal poblano, que sanciona con prisión los delitos en línea, bajo el argumento de que viola la libertad de expresión.

El doctor Sánchez Díaz, impulsor de la iniciativa, acudirá primero a la SCJN y luego a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para sumar más apoyos de partidos, organizaciones civiles y universidades. Aclaró que, como ciudadano, no puede presentar directamente la acción de inconstitucionalidad, ya que solo está facultado para hacerlo un partido político, la CNDH o al menos el 33% de los congresos estatales. Confió en que el PAN cumpla su promesa de llevar el caso ante la Corte, aunque advirtió que vigilará que no lo utilicen con fines políticos.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, junto con diputados locales del partido, acudirá a la SCJN para formalizar la petición. Sin embargo, la legisladora Susana Riestra Piña no estará presente, pues regresará al Congreso de Puebla para preparar una reforma a la polémica ley, que será presentada el próximo jueves. La norma, aprobada en junio por Morena y sus aliados, castiga con penas de 11 meses a tres años de prisión a quienes causen daño psicológico o emocional a través de medios digitales.

En reuniones previas, los panistas poblanos coordinaron estrategias con el secretario nacional de Fortalecimiento Interno, Juan Carlos Martínez Terrazas, y el coordinador de diputados locales, Anuar Roberto Azar Figueroa. Sánchez Díaz insistió en que, aunque agradece el respaldo del PAN, buscará sumar a más instituciones para evitar que la lucha sea percibida como partidista. «No permitiremos que nos utilicen», afirmó.

La acción de inconstitucionalidad es un mecanismo legal para impugnar normas que contradigan la Constitución. Si la SCJN declara inválido el artículo 480, este perdería vigencia inmediatamente. Mientras tanto, el debate sobre el equilibrio entre la protección a las víctimas de acoso en línea y la garantía de libertad de expresión sigue abierto, con sectores académicos y civiles exigiendo su revisión.

Con información de: e-consulta.com