La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes el envío al Congreso de una iniciativa para reformar la Constitución y establecer una ley general contra la extorsión, delito que ha persistido pese a la reducción de otros índices delictivos. La propuesta busca que este ilícito se persiga de oficio en todo el país, modificando el artículo 73 constitucional para facultar al Legislativo a crear una legislación uniforme. «La extorsión es el delito que no hemos podido disminuir», reconoció la mandataria al presentar la medida.

Como parte de esta estrategia, el gobierno federal ya implementó el número 089 como línea anónima de denuncia, permitiendo a las víctimas reportar casos sin necesidad de identificarse. Sheinbaum destacó que, actualmente, la carga de denunciar recae sobre las personas afectadas, exponiéndolas a mayores riesgos. «El Estado mexicano asumirá esta responsabilidad. La víctima somos todos», afirmó durante su conferencia matutina.

La consejera jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy, explicó que la reforma incluirá la extorsión entre los delitos graves -como secuestro y trata de personas- sobre los que el Congreso puede legislar. La iniciativa también establecerá un tipo penal único, agravantes, sanciones específicas y mecanismos de reparación del daño. Además, buscará homologar las leyes estatales para crear un marco jurídico coherente en todo el territorio nacional.

Esta propuesta se enmarca en la Estrategia Nacional contra la Extorsión presentada el 6 de julio, coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El plan involucra al Gabinete de Seguridad y considera a la extorsión como uno de los delitos con mayor impacto económico y emocional en México. Las autoridades destacan que, al perseguirse de oficio, se facilitará la investigación sin depender únicamente de la denuncia ciudadana.

Con esta reforma, el gobierno federal busca fortalecer el combate a un delito que afecta tanto a personas como a empresas, generando pérdidas millonarias y un clima de inseguridad. De aprobarse, marcaría un cambio significativo en la política criminal, al transferir al Estado la responsabilidad principal en la persecución de este ilícito, que actualmente presenta altos índices de impunidad por el temor de las víctimas a denunciar.

Con información de: El Economista.com