Ángel Morales Zamorano, vicepresidente del Movimiento Nacional Transportista propuso a nombre de la organización que representa que, para despolitizar el análisis y aplicación de las tarifas del transporte público de pasajeros, sea una comisión interinstitucional compuesta por representantes de diferentes sectores quien determine, mediante análisis y criterios técnicos, la fijación del valor de la contraprestación al transporte, considerando que la calidad de la prestación del servicio y un pago sea justo.
Durante su intervención en el Primer Foro Nacional de Movilidad que desde ayer se celebra en esta ciudad en coordinación con el Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Morales Zamorano expresó que “no sea el gobernador o el presidente municipal quien fije las tarifas porque no están dispuestos y, quizá tampoco sea justo, que paguen el costo electoral que eso conlleva; tampoco debemos permitir que sea el capricho del que gobierna o el capricho del prestador del servicio quien decida el costo del viaje”.
Por este motivo, propuso que en cada municipio o estado del país, regulado en la recién creada Ley de Movilidad y Seguridad Vial a nivel federal, a la que se debería adicionar este instrumento, se construya una comisión interinstitucional formada por expertos del gobierno, de las universidades, de los usuarios, de las cámaras industriales, de los periodistas serios y de los prestadores del servicio público de transporte.
“Quiero reconocer que los usuarios merecen un mejor servicio y que mi exposición no es ni es ni debe ser una defensa apasionada de mis compañeros y del servicio que prestamos”, expresó el también fundador del Movimiento Nacional Taxista, que el año pasado se convirtió en Movimiento Nacional Transportista para abarcar más sectores del transporte que lo requirieron como un apoyo a nivel federal.
Morales Zamorano recordó también que el Movimiento Nacional Transportista¸ organización que agremia a más de 250 mil transportistas en 28 estados de la República, y cuyos documentos básicos fundamentales contienen un espíritu nacionalista basado en las leyes mexicanas, están en desacuerdo con la actitud sumisa de algunos gobiernos ante las intervenciones que, mediante una forma subliminal, las empresas extranjeras pretenden someter a nuestra soberanía nacional con la tecnología en el caso de las aplicaciones para ofrecer el servicio del transporte.
Dijo que los taxistas han reconocido “el anquilosamiento en la prestación del servicio en el que nos hemos estacionado, ya que desde su inicio en el año 1916 no hemos evolucionado, no lo hemos modificado en nada para mejorarlo. Pero ya lo hemos entendido y por eso hemos decidido que debemos dar inmediatamente un golpe de timón en el servicio, para recuperar la confianza de nuestros usuarios”.
Para lograrlo, añadió, “necesitamos urgentemente una plataforma nacional, donde se permita calificar nuestras conductas y dar la percepción de seguridad que el pasajero y su familia exigen, y mostrar con claridad el costo del viaje antes de empezarlo”.
También destacó que han entendido el compromiso que como habitantes de este planeta, que es la casa de esta generación y de las futuras, tienen para cuidarla, usando combustibles amigables con el medio ambiente por conveniencia propia y para cumplir con el compromiso obligado que tiene México ante el mundo de reducir las emisiones tóxicas al medio ambiente.
Asimismo, dijo que no quieren “que ni por asomo se piense que estamos en contra del desarrollo tecnológico, no señores, aceptamos el uso de las tecnologías porque nos facilita y nos hace más cómoda la vida. En lo que no estamos de acuerdo, y quiero ser enfático en esta postura, es en la falta de regulación, en nuestro caso concreto, en favor de los usuarios del servicio, en favor de los trabajadores del volante y en favor de nuestra amada patria”.
Porque, dijo, al margen de todo, las aplicaciones extranjeras con argucias legaloides o en contubernios perversos con funcionarios apátridas, evaden el cumplimiento estricto de la ley, quebrantando ante los ojos de todos, el Estado de Derecho, trabajando en condiciones ventajosas contra nuestro gremio legal.
Porque además de ilegales, advirtió, las aplicaciones extranjeras que ofrecen el servicio de transporte público de personas, son depredadoras de la economía de países subdesarrollados como el nuestro, y en nuestro caso es un claro ejemplo que nos hace perder soberanía en materia económica y en materia de transporte público de pasajeros y de carga, violentando el artículo 28 de la Constitución Política Mexicana, así como el artículo 6 de la Ley de Inversión Extranjera, que a la letra dice que las actividades del “transporte terreno nacional de pasajeros, turismo y carga están reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusulas de exclusión de extranjeros”.
Y para finalizar, dijo que “más claro no puede ser, por lo tanto, proponemos que los avances tecnológicos por salud social deben formar parte del patrimonio de la humanidad y quien goce del beneficio económico de los mismos por haberlos inventado o desarrollado, debe, además, someterse a la ley, contribuir a la hacienda pública de forma escalatoria, de acuerdo con las utilidades que reciba en el país donde las aplique”.
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