Austria se convirtió en el primer país de la Unión Europea donde es obligatorio vacunarse contra el COVID-19, con multas de hasta 3 mil 600 euros si se incumple, una medida que pretende elevar el bajo nivel de inmunización pero que ha generado un fuerte debate y una fractura social en el país.

La Ley federal sobre la vacunación obligatoria entró en vigor formalmente este sábado, menos de tres meses después de que el Gobierno conservador-ecologista la anunciara, al considerar que es la mejor vía para contener la pandemia, proteger al país de nuevas oleadas y evitar el colapso hospitalario.

Quedan exentas las embarazadas, los menores de 18 años, las personas para las que la vacuna suponga un riesgo y quienes se hayan recuperado de la enfermedad en los últimos 180 días.

Aunque fue aprobada con una mayoría superior al 75 por ciento en las dos cámaras del Parlamento, la ley ha ahondado la brecha y polarización social en torno a la gestión de la pandemia.

Rechazo a la inmunización

Un 25 por ciento de las personas en Austria siguen sin vacunarse contra el COVID-19, y sólo el 68 por ciento tienen actualmente la pauta completa en vigor.

La oposición liberal y socialdemócrata ha respaldado al Gobierno votando a favor de la ley, mientras que sondeos recientes señalan que casi un 40 por ciento de la población la rechaza.

El partido ultranacionalista FPÖ lidera la lucha política contra las medidas de precaución, desde el uso de cubrebocas hasta la vacunación, argumentando con la defensa de la libertad individual y poniendo en duda la gravedad de la pandemia.

Su líder, Herbert Kickl, ha llegado incluso a recomendar tomar paracetamol y un desparasitador para caballos como remedios contra la enfermedad.

Muchos expertos en sanidad y comunicación coinciden en Austria que el Gobierno falló en su estrategia de comunicación para invitar a vacunarse.

Los mensajes fueron pasando del alarmismo a anunciar varias veces que la pandemia estaba terminando, sin lanzar campañas específicas para los sectores más escépticos.

De hecho, desde que se anunciara el 19 de noviembre la nueva ley, el ritmo de nuevas primeras dosis no ha hecho más que bajar.

Antes del anuncio el número diario de nuevas dosis aplicadas estaba por encima de los 15 mil de media, en diciembre eran solo 4 mil y en los últimos siete días incluso menos de 2 mil.

Así, el porcentaje de personas con una sola dosis subió entre mediados de noviembre y febrero solo en 11 puntos porcentuales, al pasar del 64 al 75 por ciento.

La ley se aplicará de forma progresiva: en la primera fase, que durará hasta el 15 de marzo, se recordará a la población no vacunada en una carta la nueva obligación y se ofrecerá una cita concreta para vacunarse.

En la segunda fase, a partir del 16 de marzo, la Policía incluirá la revisión del estatus de vacunación en sus controles rutinarios en espacios públicos.

En una eventual fase tres, que sería anunciada por el Gobierno en caso de que la situación epidemiológica empeore mucho, se aplicarán multas de forma automática.

Con información de EFE