Familiares de víctimas y organizaciones de búsqueda protestaron frente al Congreso para denunciar que la recién aprobada «Ley Espía» no solo desatiende la crisis de desapariciones en México, sino que podría criminalizar y vigilar a quienes buscan a sus seres queridos. Con pancartas y consignas como «Sin las familias no» y «Espiar no es buscar», los manifestantes cerraron simbólicamente el acceso a la Cámara de Diputados, exigiendo que se revise una legislación que consideran «una simulación» del gobierno.
La polémica reforma, aprobada el 26 de junio, otorga facultades amplias a la Guardia Nacional y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para acceder a datos personales sin orden judicial, incluyendo una CURP biométrica obligatoria. Los colectivos advierten que, en lugar de fortalecer instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda, la ley centraliza la vigilancia y expone información sensible. «Utilizan nuestra causa para justificar un sistema de control masivo», afirmó Jorge Verástegui, del colectivo Glorieta de los Desaparecidos.
Verástegui, quien busca a dos familiares desaparecidos desde 2009, criticó que la normativa promueva una «plataforma única de identidad» que rastree movimientos ciudadanos. «Quien desaparece a alguien no lo hace mediante trámites gubernamentales; esta base de datos solo pone en riesgo nuestra privacidad», señaló. Además, alertó que los datos podrían filtrarse o usarse para monitorear a los propios buscadores, muchos de los cuales han sido amenazados o asesinados.
María Salvadora Coronado, cuyo esposo desapareció en Veracruz en 2011, coincidió en que la ley los vuelve más vulnerables: «Sabrán dónde estamos, qué hacemos y hasta qué compramos. Es una herramienta para silenciarnos». También denunció que el gobierno mintió al afirmar que consultó a las familias durante la elaboración de la reforma. «A nadie nos llamaron. Esto es puro teatro mientras hay más de 129,000 desaparecidos en el país», agregó.
La protesta refleja el descontento de un movimiento que, ante la ineficacia estatal, ha tomado la búsqueda en sus manos. Los colectivos exigen que se priorice la localización de víctimas sobre el control ciudadano y que se investigue el uso de recursos públicos en la materia. «No necesitamos más vigilancia, sino respuestas», resumió Verástegui. Mientras, la cifra de desaparecidos sigue creciendo, y con ella, la desconfianza hacia las autoridades.
Con información de: Forbes.com
