El Congreso de Puebla presentó una controvertida iniciativa para regular el uso de motocicletas, la cual incluye medidas como el uso obligatorio de chalecos y cascos rotulados con la placa del vehículo. La diputada Laura García Chávez, promotora de la reforma, argumentó que busca mejorar la seguridad en el estado y facilitar la identificación de motociclistas involucrados en actos delictivos. La propuesta, enviada a la Comisión de Movilidad para su análisis, también prohíbe el uso de celulares al conducir y restringe el transporte de pasajeros en ciertos modelos.
La iniciativa ha generado rechazo entre la comunidad motociclista, que la considera discriminatoria y violatoria de sus derechos. Este jueves, decenas de conductores se manifestaron frente al Congreso, partiendo desde el Estadio Zaragoza en una caravana de protesta. Jaqueline, representante de los manifestantes, denunció que la medida los estigmatiza y limita su libre desarrollo al imponerles un vestuario específico. «No somos delincuentes», insistieron los protestantes, quienes exigen que la propuesta sea desechada.
Entre las disposiciones más cuestionadas está la obligación de registrar las motocicletas en un padrón estatal y portar calcomanías oficiales en el casco y chaleco. Los manifestantes argumentan que estas exigencias no resolverán la inseguridad, pero sí criminalizarán a los usuarios responsables. El Comité Biker expresó su disposición al diálogo, pero advirtió que continuarán su lucha si la reforma avanza sin considerar sus derechos.
La diputada García Chávez defendió la iniciativa como un complemento a otras propuestas legislativas en materia de movilidad. Sin embargo, los opositores insisten en que las autoridades deberían enfocarse en estrategias integrales de seguridad vial, en lugar de medidas que, según ellos, solo afectan a un sector específico. Tras la protesta, los motociclistas se desplazaron hacia el cerro de Los Fuertes, donde mantuvieron su presencia simbólica.
El debate refleja la tensión entre políticas de seguridad y derechos civiles, en un contexto donde el uso de motocicletas en delitos ha aumentado. Mientras el Congreso analiza la iniciativa, la polarización entre legisladores y motociclistas parece intensificarse, dejando en duda el futuro de esta polémica regulación.
Con información de: Periódico Central.com
