La administración de Guadalupe Cuautle no solo enfrenta críticas: enfrenta un caso que exhibe desorden institucional, permisividad y una preocupante falta de límites en el actuar de sus funcionarios. Lo ocurrido en el fraccionamiento Vistas del Ángel escaló de conflicto vecinal a un asunto legal con tintes de escándalo público.

El origen del problema sigue siendo el mismo: una convocatoria emitida el 11 de abril que, de acuerdo con vecinos, no cumplió con los requisitos legales establecidos en la Ley de Propiedad en Condominio. Es decir, un procedimiento que desde su nacimiento estaría viciado.

Aun así, la asamblea del 16 de abril se llevó a cabo, ignorando la impugnación previa y dejando en evidencia la fragilidad —o negligencia— del gobierno municipal.

Pero lo verdaderamente grave no es solo la irregularidad, sino quiénes decidieron involucrarse, ya que estuvieron presentes Raúl De los Santos Jiménez, Síndico Municipal y Jesús Parra Vera, secretario de Gobernación en dicha asamblea lo que ha encendido las alarmas entre vecinos y especialistas.

No es un detalle menor: se trata de funcionarios que, por la naturaleza de su cargo, no deberían formar parte de una asamblea de carácter privado y, menos aún, de un procedimiento previamente impugnado y señalado como ilegal. Su presencia no solo genera dudas, sino que abre la puerta a cuestionamientos más serios sobre posible intervención indebida o validación de un acto irregular.

La situación se agrava aún más con los señalamientos de agresiones contra una mujer identificada como Laura Meléndez, quien participaba en la asamblea.

De acuerdo con testimonios, los hechos ocurrieron frente al síndico municipal, sin que hubiera intervención para frenar la violencia. Si esto se confirma, no se trata solo de omisión: es una falla directa en el deber básico de cualquier autoridad de proteger la integridad de las personas.

El mensaje es delicado: funcionarios presentes en un acto cuestionado legalmente, presenciando presuntas agresiones y sin actuar. En cualquier escenario, eso es inaceptable. En un contexto donde la violencia contra las mujeres es un tema prioritario, resulta aún más grave.

Mientras tanto, el gobierno de San Andrés Cholula parece haber perdido el control del conflicto. Lo que debió resolverse con legalidad y mediación terminó en juzgados civiles y penales, evidenciando una administración incapaz de contener tensiones sociales básicas sin que escalen.

Aquí la crítica no es exagerada, es proporcional a los hechos: cuando la autoridad no solo falla en arbitrar, sino que se involucra en actos cuestionados y permanece pasiva ante la violencia, deja de ser garante de orden para convertirse en parte del problema.

El costo político de este episodio apenas comienza. Porque más allá del conflicto vecinal, lo que está en juego es la credibilidad de todo un gobierno municipal. Y hoy, esa credibilidad está seriamente comprometida.