Silvia Delgado García, quien formó parte del equipo legal que defendió a Joaquín «El Chapo» Guzmán en 2016, ganó un puesto como jueza penal en Chihuahua tras las elecciones judiciales del 1 de junio. Los resultados preliminares la ubicaron en segundo lugar, asegurándole el cargo, aunque su victoria aún no ha sido formalizada oficialmente.
La asociación civil Defensorxs cuestionó su elección, calificándola como una «candidata de alto riesgo» debido a su pasado como defensora del exlíder del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, Delgado rechazó estas acusaciones y se negó a hacer comentarios hasta que su triunfo sea confirmado. Su elección ha generado polémica, con críticos que la ven como un posible riesgo para la independencia judicial en México.
Esta elección histórica, resultado de una reforma constitucional de 2024, permitió por primera vez que los ciudadanos votaran directamente para más de 840 cargos judiciales, incluyendo magistrados federales y locales. Defensorxs, encabezada por Miguel Meza, ha solicitado impugnar la victoria de Delgado, argumentando que no cumple con el requisito constitucional de tener «buena reputación».
Además de Delgado, la organización ha denunciado a otros 20 candidatos ganadores ante el INE, acusándolos de no cumplir con los requisitos necesarios. Hasta ahora, el INE no ha descalificado a ninguno, pero aseguró que investigará las quejas y anulará los triunfos de quienes no sean aptos para el cargo.
El caso de Delgado ha reavivado el debate sobre los criterios de selección para cargos judiciales y la influencia del crimen organizado en las instituciones mexicanas. Mientras algunos ven su elección como un reflejo de la democratización del sistema judicial, otros temen que pueda socavar la credibilidad de la justicia en el país.
Con información de: Forbes.com
