Activistas de Greenpeace desplegaron una manta acuática de 6 por 25 metros en las inmediaciones del complejo energético de Torno Largo y Dos Bocas, para exhibir que el cambio climático no ha sido una prioridad en las agendas políticas ni de esta administración ni de las anteriores. La imagen, desplegada a 6 días de celebrarse la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Glasgow, Escocia, muestra infraestructura fósil del pasado, pero también la enorme apuesta que hace la actual administración por los combustibles fósiles, encarnada en la refinería más grande del país, paradójicamente situada en uno de los Estados más vulnerables al cambio climático.

El mensaje señalaba, “Ya está aquí #CrisisCliMéxico” haciendo referencia a que los impactos del cambio climático ya están afectando a nuestro país y cada vez resultan más graves. 

El proyecto Dos Bocas ancla al país a un modelo intensivo en emisiones de Gases de Efecto Invernadero al menos por los próximos 20 años. Sus emisiones durante este periodo serían equivalentes a la tala de 183 millones de árboles^[1].

“La acción climática de México ha pasado de ser insuficiente a altamente insuficiente^[2], debido a la creciente participación de los combustibles fósiles dentro la política económica, energética e incluso en la política climática, que desde 2019 ha enfocado la mayoría de los recursos destinados a adaptación y mitigación al cambio climático al transporte de gas”, señaló Pablo Ramírez, Especialista en Energía y Cambio Climático de Greenpeace México.

Otro elemento que contribuye a la insuficiencia de la ambición climática del país ha sido la reciente reelaboración de los compromisos nacionalmente determinados (NDC por sus siglas en inglés), que ha sido considerada como regresiva por un tribunal, ya que permite 14 MtCO2e^[3] más que los NDC de 2015, algo equivalente a la totalidad de emisiones de la industria cementera o de refinación de petróleo.

México debe reconsiderar su estrategia energética y canalizar recursos suficientes para implementar una ruta de descarbonización ambiciosa, basada en una transición energética justa, enfocada en gestionar la creciente demanda de energía, generar un acceso equitativo a fuentes de energía seguras para la salud y el medio ambiente, así como medidas de adaptación que protejan de manera efectiva al creciente número de personas que se encuentran en vulnerabilidad climática^[4].

La alta vulnerabilidad climática ha ocasionado pérdidas económicas anuales relacionadas con eventos climáticos extremos del orden de $3,002^[5] MDD lo que representa el 0.17% del PIB y lo sitúa en el 5° lugar entre los países del G20. Incluso, Tabasco, podría perder entre el 8 y el 14% de su territorio, si el nivel del mar se incrementa entre 1 y 2 metros^[6] y de acuerdo a la herramienta de proyección del nivel del mar de la NASA, una trayectoria de emisiones como la de México, compatible con un aumento de 2.4°C^[7], estaría provocando un aumento de entre .82 metros y 1.1 metros^[8]. 

Nuestras autoridades deben reconocer la enorme vulnerabilidad de nuestro país al cambio climático y actuar con el nivel de urgencia que la crisis amerita, para garantizar la seguridad y el sustento de las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reivindicando la deuda histórica ambiental de los Estados del norte global hacia los países del sur, particularmente la región latinoamericana, para desarrollar políticas climáticas robustas.