La propuesta de Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos (LNETB), que promete digitalizar el 80% de los trámites gubernamentales y reducir a la mitad los tiempos de gestión, enfrenta críticas por posibles afectaciones a la transparencia y la calidad regulatoria. Organizaciones como México Evalúa y Coparmex advierten que, de aprobarse en su forma actual, la iniciativa podría debilitar controles anticorrupción y dejar vulnerables a ciudadanos y empresas. Aunque reconocen el avance en simplificación administrativa, señalan que el proyecto carece de mecanismos sólidos de rendición de cuentas y no aborda adecuadamente los riesgos de exclusión digital.
Uno de los puntos más controvertidos es la excesiva flexibilidad en la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), herramienta clave para evaluar nuevas normas. La iniciativa permite excepciones incluso en áreas sensibles como expropiaciones, fiscalidad y seguridad, lo que, según expertos, equivale a «eliminarlo en la práctica». Mariana Campos, directora de México Evalúa y experta en procesos de digitalización, subraya que automatizar trámites sin antes rediseñarlos podría perpetuar ineficiencias: «No se puede digitalizar sobre procesos mal diseñados o redundantes», advierte, basándose en experiencias previas como la del SAT.
La brecha digital y la ciberseguridad emergen como otros desafíos críticos. El proyecto no incluye estrategias claras para municipios con rezago tecnológico ni para proteger a grupos vulnerables. Esto preocupa en un país que, según datos de la Academia Mexicana de Ciberseguridad, concentra el 55% de los ciberataques en América Latina. Además, la iniciativa elimina consejos locales de mejora regulatoria y centraliza decisiones en una sola dependencia federal, lo que podría limitar la participación ciudadana y aumentar riesgos de opacidad.
Ante este panorama, las organizaciones plantean recomendaciones urgentes: rediseñar los trámites antes de digitalizarlos, invertir en infraestructura y capacitación digital, y garantizar la aplicación estricta del AIR. Juan de Dios Barba, de Coparmex, enfatiza que simplificar más de 300 mil trámites en los tres niveles de gobierno requiere colaboración con los usuarios: «Es un reto enorme que debe hacerse con precisión, no con prisas».
Pese a las buenas intenciones de agilizar la burocracia, la iniciativa —que se votaría en periodo extraordinario sin parlamento abierto— enfrenta escepticismo por su posible impacto en la seguridad jurídica. Con un historial de 500 horas anuales que las MiPymes invierten en trámites (solo 16.2% digitales en 2023), la modernización es necesaria, pero expertos insisten en que debe priorizarse la calidad sobre la velocidad para evitar retrocesos en anticorrupción y derechos digitales.
Con información de: Forbes.com
