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Las mexicanas supervivientes a los ataques con ácido levantan la voz

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Por: Juan Carlos Espinoza / http://www.elpais.com

Elisa Xolalpa tenía 18 años cuando su pareja, de quien ahora está separada, la ató a un poste. Mientras luchaba por liberarse, su agresor le arrojó un químico que comenzó a carcomerle la piel. El líquido deshizo el nudo que la tenía inmovilizada y se echó a correr. Xolalpa interpuso una denuncia, pero en un país como México, esas actas quedan en nada. El sumario estuvo perdido casi dos décadas. Además, los jueces catalogaron sus heridas, que hasta hoy, 20 años después, siguen presentes en sus brazos, pecho y rostro, como “lesiones simples”. Su caso solo representa la punta del iceberg: la violencia ácida. Cansadas de ser revictimizadas por un sistema judicial inoperante —la impunidad llega al 98%— y por una sociedad misógina, 13 supervivientes han decidido unirse para buscar justicia y evitar que otras más sufran lo que ellas.

El día está radiante. Xolalpa, de blusa azul marino y vaqueros, recorre con una manguera para rociar de fertilizante a sus plantas. La chinampa —una balsa de tierra para cultivar, tradicional en la cultura prehispánica— está llena de colores vivos. Frente a ella hay una multitud de cempasúchil, flor anaranjada icónica en el Día de Muertos. Hasta hace no mucho, según cuenta, ella seguía cubriéndose el cuerpo. Y no para evitar que los rayos del sol le hiciesen daño a sus heridas, sino por el qué dirán. En su comunidad, en el pueblo originario de San Luis Tlaxialtemalco (Xochimilco, Ciudad de México), las miradas matan. Pero llegó el punto en donde ella no estuvo dispuesta a darle el gusto a su agresor, que la dejó marcada de por vida: “Ahora hasta me arreglo”, dice con una risa tierna mientras se toca su coleta.

Las constantes amenazas de la familia de su expareja, imputada por violencia intrafamiliar, pero no por tentativa de feminicidio, tampoco la detienen. Su lucha no es menor. En México, 26 mujeres han sido atacadas con ácido desde 2001. En total, hay 30 víctimas. La edad promedio oscila entre los 20 y los 30 años, y más de la mitad tenía o había tenido una relación sentimental con su agresor. Las cifras las ha recopilado la Fundación Carmen Sánchez. Según explica en el teléfono su cofundadora, Ximena Canseco, los datos los han reunido a partir de recortes de prensa y testimonios que han llegado a la asociación. No existe un registro oficial en la sanidad pública. Para la historiadora y activista, esos 30 ataques están lejos de la realidad: “Hay una cifra negra mucho más aterradora”.

El problema va mucho más allá de la falta de un registro oficial. Para que casos como el de Elisa Xolalpa puedan, al menos, iniciarse, las víctimas tienen que romper una barrera infranqueable de corrupción, deficiencias e inoperancias en el sistema judicial mexicano. Además, al momento en el que se inician los juicios —si es que llegan a comenzar— gran parte de los sumarios están catalogados como lesiones simples. En otras ocasiones se imputa al hombre solamente por violencia intrafamiliar. La homologación de las penas en todo el país, si es que no puede se puede acreditar un intento de feminicidio, y que los ataques con ácido se clasifiquen como delitos autónomos (es decir, que existan reglas claras para castigar a los agresores sin que quede a consideración del Ministerio Público) en los códigos penales de los 32 Estados y el federal es otra de las causas de las activistas.

Más información en: https://elpais.com/planeta-futuro/2021-10-06/las-mexicanas-supervivientes-a-los-ataques-con-acido-levantan-la-voz.html

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Morena insiste: exdirigente del PRI no cumplió con los requisitos para el cargo

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La dirigencia estatal de Morena aseguró que su impugnación contra la elegibilidad de Néstor Camarillo Medina como senador de la República responde a un simple principio de verdad con el pueblo, pues no pueden ser omisos ante la falsedad de declaración en la que habría incurrido al autoadscribirse como indígena y ocupar la acción afirmativa en favor de estas comunidades de Puebla.
El secretario general, Agustín Guerrero Castillo, y el representante del partido ante los órganos electorales, Alfonso Bermúdez Ruiz, aseveraron que cuentan con elementos jurídicos para evitar que el priista ingrese al Senado de la República, como lo advirtieron a mediados de marzo cuando se tuvo conocimiento de esta situación apócrifa en contra de las comunidades y pueblos indígenas.

El dirigente morenista refirió que la impugnación que presentaron ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) busca revertir el acuerdo del INE que le dio la constancia como senador electo al exdirigente del PRI.

Recordó que desde mediados de marzo advirtieron que en caso de que el priista ingresara como primera minoría a la Cámara de Senadores impugnarían su elegibilidad debido a que este recurso no se pudo interponer durante la etapa de verificación de la documentación que presentaron los ciudadanos que buscaban ser candidatos ante el INE.

A pesar de que el análisis del órgano electoral federal de la documentación, que comprobó su adscripción indígena, decir que pertenece a una comunidad no es suficiente para que se le tome como verídica, por lo que el INE debió revisar de manera exhaustiva de la documentación entregada por el diputado local con licencia, declaró.

Con informacion de: HIPOCRITA LECTOR

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En el PRI esconden a su dirigente municipal, vinculado al caso Tania

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La dirigencia estatal del PRI escondió a su dirigente municipal Juan de Dios Bravo Jiménez, quien estaría bajo investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntamente ser el propietario de la casa donde fue detenida Tania N. junto con otros seis nombres en posesión de armas y drogas, tras la incursión de efectivos de la Marina.

El tema de Tania, la exsuplente de la virtual diputada plurinominal electa Delfina Pozos Vergara, sigue siendo una interrogante para la dirigencia estatal priista, que ha intentado evitar el tema, sin embargo, en cada conferencia de prensa sigue presente.

La dirigente estatal del PRI, Delfina Pozos, dio a conocer que no han tenido comunicación con el priista quien también formó parte de la lista de candidatos a regidores de la planilla que encabezó el panista Mario Riestra Piña a la alcaldía capitalina.

“No hemos tenido contacto, hasta ahorita no tenemos contacto”, declaró Delfina Pozos.

A pesar de que Juan de Dios Bravo estaría vinculado con la investigación, la priista no pudo precisar si está prófugo de la justicia o se encuentra en la entidad poblana, por lo que la dirigencia municipal del PRI está a cargo de Rocío Toxqui.

La semana pasada el fiscal Gilberto Higuera Bernal reveló que el priista Juan de Dios Bravo Jiménez sí estaría vinculado a las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE) por el caso de Tania N., la excandidata del PRI que fue detenida en un inmueble que presuntamente es propiedad del exdirigente municipal del tricolor y candidato a regidor en la planilla del panista Mario Riestra Piña.

Con informacion de: HIPOCRITA LECTOR

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¿Trabajas más de 8 horas diarias sin pago extra? Ya puedes denunciar explotación laboral

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El pasado 7 de junio el Congreso aprobó una serie de reformas y adicionó diversas disposiciones a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y uno de los rubros que más llamó la atención es que ahora se considera como explotación laboral las jornadas de trabajo que son más extensas de lo que marca la ley, por lo que dicho delito podría castigarse hasta con 12 años de prisión.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos consideraba explotación laboral cuando se obligaba a los trabajadores a prestar su servicio en condiciones peligrosas o insalubres, cuando existía una desproporción en el trabajo realizado y el pago recibido o cuando se le otorgaba un salario por debajo de lo establecido y gracias a las referida reforma ahora también se considerará explotación laboral las jornadas de trabajo por encima de lo estipulado por la Ley.

En adición a esto, dicha reforma al artículo 21 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos también endurecerá las penas cuando se cometa explotación laboral en contra de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas pues se indica que la comisión de dicho delito podría castigarse con penas de entre 4 y 12 años de prisión y multas económicas de 7 mil a 70 mil días multa.

“Artículo 21. Será sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil días multa, quien explote laboralmente a una o más personas.

Con informacion de: EL HERALDO DE MEXICO

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