El Congreso de México analiza once propuestas para reducir la jornada laboral, la mayoría impulsando una reforma constitucional que establezca una semana laboral más corta, con enfoque en la gradualidad y adaptación por sectores. La discusión, vigente desde 2023, ha ganado fuerza en la actual legislatura, donde destacan iniciativas como la del diputado Manuel Baldenebro (Morena), que propone distribuir 40 horas en cinco días, sin superar ese límite semanal. Solo un proyecto plantea modificar la Ley Federal del Trabajo para reducir la jornada diaria a siete horas, bajando el tope semanal de 48 a 42 horas.
La gradualidad es un eje común en las propuestas, junto con medidas como programas piloto, protección salarial y aplicación diferenciada por tamaño de empresa. Incluso se contempla incluir al sector público en la reforma. El interés por las 40 horas ha marcado la legislatura desde 2024, cuando el diputado Juan Ignacio Zavala (MC) presentó la primera iniciativa, proponiendo subsidios y pruebas piloto. A estas ideas se sumará pronto el proyecto del Gobierno Federal, basado en los foros organizados por la Secretaría del Trabajo (STPS), que se enviaría al Congreso en septiembre.
Marath Bolaños, titular de la STPS, ha subrayado que la reforma se construirá mediante diálogo social, garantizando consensos como en reformas laborales anteriores. «Hay compromiso con lo acordado; así se ha avanzado sin dejar espacio a dudas», afirmó durante el foro en Monterrey. La propuesta oficial priorizará dos vías: implementación progresiva y la meta de 40 horas, aunque sin definir aún el plazo final.
En los foros de la STPS —cinco de seis programados—, empresarios, sindicatos y expertos han presentado más de una decena de medidas, como flexibilidad normativa, estímulos fiscales y seguimiento técnico para PyMEs. Sin embargo, persisten diferencias: mientras el sector empresarial pide reducir una hora anual (logrando las 40 horas en 2030), los sindicatos exigen alcanzarlas para 2027, con recortes de cuatro horas por año.
El último foro, en Cancún, cerrará la fase de consultas antes de consolidar la iniciativa presidencial. Con el debate en su etapa crucial, México parece encaminarse a un cambio histórico en su modelo laboral, aunque el desafío sigue siendo conciliar posturas para lograr una transición equilibrada entre productividad y derechos laborales.
Con información de: El Economista.com
