Este domingo, México se convertirá en el primer país del mundo en elegir mediante votación popular a la totalidad de sus jueces, un proceso impulsado por el gobierno como una medida para combatir la corrupción en el Poder Judicial. Sin embargo, críticos advierten que esta reforma, promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por su sucesora Claudia Sheinbaum, podría socavar la independencia judicial al exponerla a influencias políticas y del crimen organizado. La oposición, aunque debilitada, y sectores del propio Poder Judicial han alertado sobre los riesgos de que jueces queden sujetos a intereses partidistas o ilegales.
En juego están 881 cargos federales, incluidos los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como 1,800 puestos locales. Entre los cargos federales destacan 17 magistrados del Tribunal Electoral y cinco del recién creado Tribunal de Disciplina, encargado de supervisar y sancionar la conducta de los jueces. También se elegirán 386 jueces de distrito, responsables de casos penales y juicios de amparo, y 464 magistrados de circuito, mientras que los restantes 4,000 puestos se decidirán en 2027.
A diferencia de las elecciones tradicionales, en este proceso no participan partidos políticos, aunque varios candidatos han sido vinculados públicamente con el oficialismo o la oposición. Los aspirantes debieron autofinanciar sus campañas, recurriendo principalmente a redes sociales, y fueron seleccionados por comités de evaluación integrados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los requisitos incluyen ser abogados con un promedio mínimo de ocho en su formación, tener «buena reputación» y no contar con antecedentes penales.
El debate en torno a esta elección refleja una profunda polarización. Mientras el gobierno argumenta que el Poder Judicial está plagado de corrupción e impunidad—señalando que en 2023 solo el 16.2% de los casos de homicidio doloso llegaron a juicio—, la oposición y expertos jurídicos denuncian que el proceso consolidará un «régimen autoritario». Asociaciones como JUFED, que agrupa a jueces y magistrados, alertan que los candidatos podrían estar influenciados por Morena o el crimen organizado, mientras oenegés como Defensorxs han identificado aspirantes con antecedentes cuestionables, incluyendo exabogados de narcotraficantes.
Además de los riesgos políticos, organizaciones como Equis Justicia para las Mujeres advierten que el proceso careció de metodologías transparentes para evaluar la idoneidad de los candidatos, lo que podría afectar el acceso a la justicia, especialmente para grupos vulnerables. Luis Fernando Villanueva, experto legal, prevé que la transición generará retrasos en el sistema judicial, ya que tomará tiempo instalar a los nuevos titulares. Con una impunidad del 94%, México enfrenta un experimento sin precedentes cuyos efectos, tanto en la independencia judicial como en la gobernabilidad, aún son inciertos.
Con información de: El Economista.com
