La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este jueves a las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra dos bancos mexicanos y una casa de bolsa, señalados por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico. La mandataria aseguró que, aunque México colaborará en la investigación, no tomará medidas sin evidencias concretas. «Si hay pruebas, actuaremos administrativa o penalmente. Pero sin ellas, no podemos proceder», afirmó durante su conferencia matutina.
Sheinbaum destacó que el sistema financiero mexicano es sólido y cuenta con mecanismos para combatir el lavado de capitales. Sin embargo, cuestionó el informe de la FinCEN, al señalar que solo contiene afirmaciones sin sustento. «En la documentación publicada no hay pruebas contundentes, solo dichos. No podemos actuar sin fundamentos claros», explicó desde Palacio Nacional.
La jefa del Ejecutivo también defendió las operaciones comerciales entre empresas mexicanas y chinas, mencionadas en el reporte estadounidense. Recordó que el intercambio bilateral con China supera los 139,000 millones de dólares anuales y que las transferencias financieras entre instituciones legales no constituyen, por sí mismas, indicios de delito. «Son transacciones normales, como miles que ocurren diariamente», subrayó.
En tono firme, Sheinbaum reafirmó la soberanía de México en el manejo de sus asuntos internos. «Somos un país libre e independiente. Colaboramos, pero no nos subordinamos», declaró. La postura del gobierno mexicano busca equilibrar la cooperación internacional con la defensa de sus instituciones, sin aceptar acusaciones sin sustento.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda informó que solicitó formalmente al Tesoro estadounidense las pruebas que respalden sus señalamientos contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Mientras tanto, inició una revisión interna a estas entidades financieras, acusadas de operar para cárteles como el CJNG y el de Sinaloa. Las autoridades mexicanas insisten en que, de haber irregularidades, actuarán con base en la ley, no en presiones externas.
Con información de: El Economista.com