Una reciente publicación del medio israelí The Marker ha vuelto a encender la polémica sobre el uso del sistema de espionaje Pegasus en México, al implicar directamente al expresidente Enrique Peña Nieto en un presunto soborno de 25 millones de dólares. De acuerdo con el reportaje, dicha suma habría sido entregada por los vendedores del software para permitir su operación durante su administración. Peña Nieto respondió tajantemente, calificando las acusaciones como “totalmente falsas” y carentes de sustento.
El exmandatario, que gobernó México entre 2012 y 2018, rechazó las afirmaciones a través de un mensaje en la red social X (antes Twitter), en el que señaló que el reportaje carece de rigor periodístico y lanza insinuaciones sin pruebas. “Lamento encontrarme con notas que hacen afirmaciones a la ligera y dolosamente”, escribió, cuestionando también el trasfondo e intereses detrás de la publicación. A pesar de la negativa de Peña Nieto, las acusaciones han retomado fuerza mediática, especialmente por el historial que ya arrastraba su administración respecto al uso de Pegasus.
El sistema Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, fue noticia mundial en 2021 cuando una investigación internacional reveló que había sido utilizado por varios gobiernos para intervenir teléfonos móviles de manera ilegal. México figuró entonces como el país con mayor número de intervenciones, con aproximadamente 15,000 dispositivos espiados, en su mayoría pertenecientes a periodistas, defensores de derechos humanos, opositores políticos e incluso colaboradores y familiares del entonces líder opositor y ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre las instituciones mexicanas señaladas por haber adquirido y utilizado Pegasus figuran la Secretaría de la Defensa Nacional, la desaparecida Procuraduría General de la República y el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional. La compra y operación del sistema generó gran controversia, sobre todo porque se habría hecho con fines de espionaje político y no con objetivos legítimos de seguridad nacional o combate al crimen organizado.
El escándalo se profundizó en 2022, cuando el colectivo Guacamaya Leaks difundió documentos extraídos de los servidores del Ejército mexicano. Estos archivos mostraban que, incluso bajo el gobierno de López Obrador, continuaron las prácticas de espionaje digital contra periodistas y activistas, lo que reveló que el uso de estas tecnologías trasciende gobiernos y colores políticos. Aunque Peña Nieto ha negado tajantemente su implicación, las revelaciones continúan alimentando el debate sobre la vigilancia ilegal en México y el uso opaco de tecnologías de ciberespionaje por parte del Estado.
Con información de: Forbes.com
