El compromiso global de erradicar el trabajo infantil para 2025 ha quedado incumplido, según el último informe de la OIT y Unicef. Las cifras revelan que actualmente 138 millones de niños, niñas y adolescentes continúan formando parte de la fuerza laboral en el mundo, con un alarmante 39% realizando trabajos considerados peligrosos. Aunque se registraron avances en los últimos años -con más de 20 millones de menores liberados desde 2020-, el ritmo de reducción sigue siendo insuficiente para alcanzar los objetivos planteados.
Los datos muestran que desde el año 2000 se ha logrado reducir en casi 100 millones la cantidad de niños trabajadores. Sin embargo, las organizaciones advierten que para cumplir con la meta original, el progreso tendría que acelerarse once veces más. La agricultura sigue siendo el sector que más emplea menores (61% de los casos), seguido por servicios como el trabajo doméstico (27%) y la industria, incluyendo minería y manufactura (13%).
La situación presenta marcadas diferencias regionales. África subsahariana concentra la mayor parte del problema, con 87 millones de casos, lo que representa casi dos tercios del total mundial. En contraste, Asia y el Pacífico lograron reducir su tasa de prevalencia a la mitad en los últimos años. América Latina y el Caribe muestra un leve descenso, pasando de 8 a 7 millones de casos, aunque la proporción respecto a la población infantil se mantiene estable.
«El mundo ha hecho progresos significativos, pero demasiados niños siguen trabajando en minas, fábricas o campos, a menudo realizando trabajos peligrosos para sobrevivir», señaló Catherine Russell, directora ejecutiva de Unicef. El informe también destaca que los varones tienen mayor probabilidad de realizar trabajo infantil, mientras que las niñas enfrentan más carga en labores domésticas no remuneradas.
Ante este panorama, las organizaciones internacionales hacen un llamado urgente para intensificar los esfuerzos. Gilbert F. Houngbo, director general de la OIT, reconoció que «aunque hay esperanza por los avances logrados, todavía nos queda un largo camino por recorrer». Los expertos coinciden en que se requieren medidas integrales que combatan las causas estructurales del problema, como la pobreza extrema y la falta de acceso a educación de calidad, para poder garantizar los derechos fundamentales de la infancia.
Con información de: El Economista.com
