En un hecho sin precedentes, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum interpuso una demanda civil contra Google México ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México. El conflicto surgió después de que la plataforma Maps modificara la denominación de Golfo de México a Golfo de América para usuarios con ubicación en Estados Unidos. Este cambio se originó tras un decreto del entonces presidente Donald Trump, quien ordenó ajustar la nomenclatura en documentos y mapas oficiales de su país. Ante la falta de avance en las gestiones diplomáticas, México decidió llevar el caso a la vía legal.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la demanda busca que Google respete el decreto estadounidense, el cual solo debería aplicar a la porción del golfo correspondiente a la plataforma continental de EE.UU., y no a toda la cuenca marítima. “Lo único que queremos es que se cumpla con lo establecido: que el nombre Golfo de América se use únicamente en la parte que les corresponde”, afirmó. La mandataria aclaró que, aunque Estados Unidos tiene derecho a nombrar sus territorios, las empresas tecnológicas no pueden alterar unilateralmente la toponimia internacional.
Este no es el primer intento legal del gobierno mexicano. En marzo, una demanda por daño moral fue desechada por un juez, quien consideró que el cambio no causaba un perjuicio patrimonial. Sin embargo, en esta nueva acción, las autoridades aseguran haber obtenido una primera resolución favorable, aunque no han revelado detalles sobre su alcance. Google, por su parte, podría apelar la decisión, lo que prolongaría el litigio por meses. Mientras tanto, la disputa refleja la tensión entre las políticas nacionales y la influencia de las corporaciones tecnológicas en la cartografía global.
El conflicto se intensificó luego de que la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobara un proyecto de ley que respalda el decreto de Trump, obligando a las agencias federales a adoptar el nombre Golfo de América. México, sin embargo, sostiene que la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar protege la soberanía de los estados ribereños sobre sus aguas territoriales. La resolución de este caso podría establecer un precedente sobre cómo las plataformas digitales manejan la toponimia en disputas geopolíticas.
De prosperar la demanda, Google se vería obligada a implementar un sistema de nombres diferenciados según la ubicación del usuario, un ajuste técnico complejo que podría influir en futuros casos similares. El resultado no solo afectará la relación entre México y la empresa, sino que también marcará un hito en la intersección entre tecnología, derecho internacional y soberanía nacional.
Con información de: Wired.com
